Un año de Jair Bolsonaro

Cuando Jair Bolsonaro asumió la presidencia de Brasil el 1 de enero de 2019, muchos espectadores temían lo peor. El capitán retirado del Ejército se había dado a conocer por sus elogios a los dictadores militares que gobernaron de 1964 a 1985 y su desprecio por las mujeres y las personas homosexuales. Ganó las elecciones porque los votantes estaban traumatizados tras la peor recesión que ha vivido el país, de 2014 a 2016, así como por la delincuencia y las revelaciones de corrupción en los niveles más altos de la política y los negocios. Tenían la esperanza de que Bolsonaro traería de vuelta la prosperidad, la paz y la honradez a Brasil.

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Luego de su primer año en el cargo, sus simpatizantes han obtenido algunas de las cosas que deseaban. La economía ha mejorado, y los crímenes violentos han disminuido. Sin embargo, Bolsonaro no ha aclarado las dudas que provocó su insólito ascenso al poder. El político provocador no se ha convertido en estadista. En lugar de fortalecer las instituciones democráticas de Brasil, las está poniendo a prueba. En materia de corrupción y medioambiente, Brasil está estancado o en retroceso.

El logro principal de Bolsonaro es la reforma al sistema de pensiones, una meta que no habían alcanzado los gobiernos brasileños anteriores y que el Congreso aprobó en noviembre. Esto ayudará a liberar a Brasil de una trampa que se tendió a sí mismo al pagarle beneficios abundantes a gente que se jubila, en promedio, a los cincuenta y tantos. Sin la reforma, el gasto en pensiones como un porcentaje del producto interno bruto casi se habría duplicado para 2050, con consecuencias alarmantes para la deuda pública y la capacidad del gobierno de gastar dinero en otras cosas. Ahora, Brasil poco a poco establecerá edades mínimas de jubilación de 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, y reducirá los beneficios como porcentaje de los ingresos de la gente.

Esto ha ayudado a restaurar la confianza en la economía. Las tasas de interés se han reducido a su nivel más bajo en 33 años. El crecimiento en 2020 debe ser de al menos un dos por ciento, muy por encima del promedio en América Latina. Si Paulo Guedes, el ministro promercado de Economía que estudió en Chicago, pudiera salirse con la suya, la reforma de las pensiones marcaría el comienzo de una transformación del destino de Brasil. Guedes cree, con justa razón, que el Estado ha hecho que Brasil siga siendo más pobre y menos equitativo de lo que debe ser, pues ha gastado demasiado dinero en cosas equivocadas y ha sometido a las empresas a reglas innecesarias y al sistema de finanzas públicas más incomprensible del mundo. Guedes quiere privatizar las empresas públicas, reducir el tamaño excesivo del gobierno, simplificar los impuestos, así como transferirles poder y dinero a los estados y a las municipalidades. En 2019, el Mercado Común del Sur (un bloque de cuatro países que incluye a Brasil y Argentina) cerró un acuerdo comercial con la Unión Europea. Si este se ratifica, podría ayudar a Brasil a deshacerse de su estatus como una de las economías más cerradas del mundo.

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Guedes exhorta a los críticos del presidente a que se enfoquen en eso. El jefe de Estado tiene “malos modales, pero excelentes principios”. Sería más correcto decir que Bolsonaro, un acérrimo conservador social, solo ha adoptado el credo económico de Guedes por ahora. En otras esferas, sus ideas no se pueden ignorar fácilmente, aunque el Congreso y los asesores más sensatos del presidente hayan mantenido sus peores instintos bajo control. Mientras siga apoyando la violencia policiaca, hay pocas probabilidades de impedir que se convierta en una tendencia ascendente a largo plazo. Cuando las manifestaciones de los movimientos de izquierda empezaron a surgir en otros países latinoamericanos, uno de sus hijos, diputado de gobierno, dijo que si protestas similares se radicalizaban en Brasil, el gobierno podría revivir un decreto que suspendió al Congreso durante la dictadura militar. En diciembre, molesto por las acusaciones de la prensa, el presidente arremetió contra un periodista y le dijo: “Tú tienes una cara de homosexual terrible y no por eso te acuso de homosexual. Aunque no es un crimen ser homosexual”.

Si bien los homicidios han disminuido, en gran parte debido a que se ha calmado la guerra entre pandillas, Bolsonaro prácticamente ha abandonado la lucha contra los delitos de cuello blanco. La imagen de Sérgio Moro, el ministro de Justicia, se ha visto mancillada por las revelaciones de que sostuvo tratos indebidamente cercanos con los fiscales cuando era el juez encargado de la amplia investigación anticorrupción que ayudó a impulsar a Bolsonaro a la presidencia. El Congreso eliminó todas las medidas contra la corrupción que contenía la propuesta de ley de Moro.

Los fiscales están investigando las acusaciones de que otro de los hijos de Bolsonaro, senador de Río de Janeiro, se embolsó dinero que debía llegar a las manos de los empleados cuando fue legislador estatal y está relacionado con “milicias” homicidas de policías retirados.

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Luego está la cuestión del medioambiente. Los datos preliminares sugieren que la deforestación en la Amazonía durante los primeros once meses de 2019 aumentó un 80%. Bolsonaro despidió al director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales después de que publicó datos poco favorecedores sobre la deforestación, también ha depurado las agencias de control ambiental y ha alentado a los rancheros y los leñadores que queman el bosque para despejar los terrenos. En las recientes conversaciones sobre el cambio climático a nivel mundial, Brasil se presentó como una nación disruptiva.

Si Bolsonaro transforma la economía, los brasileños tendrán algo que agradecerle. Pero ellos, y el mundo, habrán pagado un precio muy elevado e innecesario.