Utilidades del centro bancario de Panamá aumentaron un 4% en 2018

El centro bancario panameño, una de las plazas más importantes de la región, registró utilidades netas de 1.853 millones de dólares en 2018, lo que representa un aumento del 4% con respecto al año anterior. 

"El ingreso operacional es 1,9 veces el nivel de gastos operacionales, lo que evidencia la eficiencia y sana capacidad de generación de ganancias", indicó en rueda de prensa el superintendente de Bancos, Ricardo Fernández.

Los activos bancarios, por su parte, aumentaron un 1.5% con respecto a 2017 hasta alcanzar la cifra récord de 121.484 millones de dólares.

Los niveles de solvencia se situaron "muy por arriba de lo requerido por el marco regulatorio", en torno al 16.1%, lo que refleja la capacidad de las entidades para hacer frente a riesgos inesperados, apuntó el superintendente.

Los depósitos captados se mantuvieron prácticamente igual en torno a los 73.339 millones de dólares, con un leve aumento del 0.4% comparado con 2017, mientras que los créditos aumentaron un 4.9%, impulsados especialmente por el sector hipotecario, según los datos publicados este miércoles.

"Todos los bancos cumplen satisfactoriamente con los nuevos estándares regulatorios en materia de capital bancario", agregó Fernández.

El centro bancario de Panamá cuenta con casi un centenar de instituciones nacionales y extranjeras y representa cerca del 10% del producto interno bruto (PIB) del país.

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La plaza financiera lleva varios años bajo la lupa de distintos organismos internacionales por su supuesta falta de transparencia, sobre todo después de la inclusión de Panamá en 2014 en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del escándalo de los papeles de Panamá.

Panamá consiguió salir en 2016 de la lista del GAFI, en la que se encuentran los países que presentan deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, tras acometer un sinfín de reformas.

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Entre las medidas adoptadas en los últimos años, se encuentra la Ley 23 -que se conoce como "Ley Antiblanqueo" y regula ciertas actividades no financieras como casinos, inmobiliarias, zonas libres o bufetes de abogados- y la penalización con cárcel de la evasión fiscal, ya que era uno de los pocos países del continente que no lo hacía.