Incinerador enciende el debate entre moradores de las áreas revertidas

De espaldas a la opinión pública, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el Misterio de Ambiente (MiAmbiente) y otras dependencias estatales colaboran de forma callada para aprobar una autorización para la instalación de un incinerador de desechos de buques en el puerto de Rodman, propiedad del grupo Liberman.

Este acto pone en peligro no solo el área del Canal y el Puente de las Américas, sino además la vida e integridad de miles de residentes del área revertida, toda vez que dicho puerto cuenta con inmensos tanques y tuberías subterráneas, dedicadas al trasiego de combustible, que es para lo que fue concesionado.

Residentes de sectores como urbanización El Tucán, Cocolí y Howard han manifestado su oposición al proyecto, y advierten que protestarán hasta las últimas consecuencias.

"No entendemos cómo esto está por aprobarse con el aval de las autoridades, cuando las instituciones deben garantizar la seguridad y la vida, no prestarse para esto", denunció ayer Aida Torres, de la Asociación de Comunidades del Canal.

"Y me refiero a MiAmbiente, la ACP", precisó la activista en declaraciones al noticiero de Telemetro.

Incompatible

Y por inconcebible que parezca, las autoridades de turno estarían a punto de aprobar la construcción de un incinerador, justo en un sitio destinado al trasiego de combustible.

"Además de peligrosa, es una actividad incompatible con los propósitos para lo que se creó dicho puerto... no entendemos cómo de manera irresponsable ya la ACP otorgó el permiso de compatibilidad a dicho proyecto, pasando por alto el riesgo que esto representa a la salud y la vida", insistió Aida Torres.

También lamentó que la actual administración de MiAmbiente absorbió a varios ambientalistas que antes apoyaban estas causas, y que ahora guardan silencio.

"Señores de MiAmbiente, ustedes han sido colocados no para privilegiar el negocio, sino para salvaguardar la vida y la seguridad del pueblo panameño", recordó Aida Torres.

Complot

Por su parte Gerónimo Espitia, también de la Asociación de Comunidades del Canal, advirtió que existe un contubernio interinstitucional para avalar este proyecto.

En entrevista en Telemetro, citó como ejemplo el hecho de que el comité para los permisos de compatibilidad de la junta directiva de la ACP, han sido brindadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"Se contradicen las funciones institucionales. Eso es competencia de la Autoridad Marítima", dijo.

Pero agregó que "cuando se comienza a ver las empresas que están llevando eso, uno ve que hay influencia del poder económico insertado dentro del poder administrativo".

Y aunque las autoridades guardan silencio sobre el tema, la Ley 21 es clara al señalar que este tipo de actividades no es permitida en este sector.