A 32 años del atentado de Alas Chiricanas: Panamá aguarda el juicio contra sospechoso ligado a Hezbolá
A 32 años del atentado contra Alas Chiricanas, el proceso avanza: Ali Zaki Hage Jalil, ligado a Hizbulá es el principal sospechoso.
El atentado contra Alas Chiricanas dejó 21 víctimas. Foto EFE / Archivo
El recuerdo de la mayor tragedia terrorista en Panamá sigue exigiendo respuestas definitivas en los tribunales. Este lunes 20 de julio de 2026, familiares, allegados y activistas conmemoraron los 32 años del atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, un caso que ha dado un giro operativo crucial este año tras la extradición de un sospechoso clave y la extensión de los plazos de investigación por parte del Órgano Judicial.
El 19 de julio de 1994, 24 horas después del ataque a la AMIA en Argentina, el avión comercial estalló por los aires pocos minutos después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Colón con destino a la capital del país.
El ataque cobró la vida de sus 21 ocupantes, en su gran mayoría empresarios y ciudadanos de la comunidad judía, así como tripulantes panameños y estadounidenses. Las investigaciones internacionales lideradas por Israel y EE. UU. identificaron al colombo-libanés Lya Jamal como el terrorista suicida y apuntaron directamente al grupo islamista libanés Hezbulá como el autor intelectual de la operación.
Tras haber permanecido archivado desde 2006, la reapertura del expediente en 2019 ha comenzado a rendir frutos procesales este año, abriendo una ventana real para la celebración de un juicio oral.
Los hitos jurídicos más recientes del caso se desglosan a continuación: En abril de 2026, llegó a suelo panameño el ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil, presunto colaborador logístico del ataque terrorista, extraditado desde Venezuela tras años de requerimiento internacional.
En junio de este año, un tribunal de la causa declaró el proceso como causa compleja, otorgándole a la Fiscalía del Ministerio Público un plazo extraordinario de un año adicional para blindar el expediente antes del llamado a juicio.
Los abogados de Hage Jalil han interpuesto recursos ante la Corte Suprema de Justicia buscando la prescripción de la acción penal. Argumentan que, al haber transcurrido más de tres décadas, se superó el límite de los 20 años que establecía como pena máxima el Código Penal vigente en 1994.
"En este caso, lo que se está esperando es que se fije una fecha de audiencia después del término del vencimiento del año que se le ha dado a la fiscalía para que continúe con las investigaciones", señaló el abogado Basilio González, quien además es Comisionado de la Alianza Panameña por los Derechos Humanos.
"No podemos dejar un caso como este en manos de la justicia solamente, sino apoyando como panameños y auxiliares de la justicia para precisamente que se haga justicia por esas personas que perdieron la vida", añadió.
Durante el acto conmemorativo celebrado en la Ciudad de Panamá, el comité Conciencia Viva, integrado por los deudos de la tragedia, enfatizó que la justicia no devolverá las vidas arrebatadas, pero es indispensable para brindar paz y cerrar heridas históricas.
El grupo aprovechó el aniversario para presentar de manera formal el diseño de un proyecto de monumento dedicado a honrar la memoria de los fallecidos.
El dolor latente de las familias refleja la incomprensión de una sociedad que históricamente se ha percibido como un crisol de paz y tránsito.
"Es difícil entender el por qué. Nosotros, Panamá, somos un país pacífico. No le encuentro razón, el porqué tendría que ser aquí", lamentó Marta Márquez, madre de una de las 21 víctimas del ataque.
Por su parte, Alberto Levy, miembro del comité Conciencia Viva, puntualizó que la llegada de la justicia, aunque dilatada por 32 años de impunidad y vericuetos legales, es la única vía digna para resarcir el daño moral infligido a la nación panameña y a la memoria colectiva de sus comunidades.