Abusos del sistema exponen a detenidos sin condena

Detenidos desde hace varios años preventivamente están en riesgo de ser contagiados por el virus del COVID-19.

La llegada de esta mortal enfermedad a los centros penitenciarios del país pone en riesgo a estas personas, muchos de las cuales llevan años de estar bajo detención preventiva y hasta la fecha, su situación legal no se resuelve.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, la OEA y otras, han instado a sus países miembros a sustituir las medidas de detención preventiva, aplicadas a algunas personas, por el riesgo que tienen a contagiarse.

El subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT), emitió el 25 de marzo, recomendaciones como revisar todos los casos de prisión preventiva y extender el uso de fianzas, salvo los procesos más graves.

Michael Jarquin, jefe de asesoría legal de la Defensoría del Pueblo de Panamá, dijo que ellos como institución ven el tema de la detención preventiva como lo establece el Código Procesal Penal, que indica que la misma debe ser la última medida a aplicar.

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"A nosotros como entidad, sí nos preocupa que se abuse de esta medida y más ahora en estos tiempos que se están viviendo por la pandemia del COVID-19", puntualizó.'

42%

de la población carcelaria del país aún está siendo procesada y no tienen condena en firme.

3,588

es la sobrepoblación carcelaria del país al 31 de marzo de este año 2020.

De acuerdo con estadísticas de la Dirección del Sistema Penitenciario, en los centros penales del país hay un total de 18 mil 179 reclusos.

Esto refleja que la población carcelaria del país excede en un 25% la capacidad que tiene el sistema. Es decir, hay 3,588 detenidos más de la capacidad que tienen en su conjunto todas las cárceles, que es de unos 14 mil 591 privados de libertad.

Hay que indicar que del total de reclusos que hay en el territorio nacional, el 42%, unos 7 mil 573, aún son procesados y muchos están bajo detención preventiva y expuestos a contagiarse del virus del COVID-19.

Abuso de la detención

Dentro de este grupo de personas que se encuentra en estas condiciones figura West Valdés, quien va para casi cuatro años de estar bajo detención preventiva en El Renacer, por el caso Finnancial Pacific y a la fecha su situación no se resuelve.

Gilberto Cruz Ríos, abogado de Valdés, recuerda que el artículo 237 del Código Procesal Penal vigente establece que la detención preventiva máxima debe ser por un periodo de un año, algo que ha sobrepasado su defendido con creces.

"El artículo 4 de la Constitución Nacional, es claro, cuando indica que Panamá acatará las normas de derechos internacionales y además es signataria de una serie de convenciones como la de Bangkok, las Reglas de Mandela y la Convención de las Palmas de Mallorca, que establecen que todos los escenarios legales que favorezcan al reo son aplicables", dijo Cruz.

Ante esto, Cruz indica que por encima de cualquier situación que Valdés tenga, la normativa vigente que valida el Código Procesal Penal, establece que la detención preventiva debe ser por más de un año y es la que se debe aplicar.

El jurista indicó que cada vez, que como defensa de West Valdés, recurre a solicitudes de fianza de excarcelación o cambio de medida cautelar, le han sido negadas. Esto en desproporción con otras personas que también fueron investigadas en este caso, a las cuales sí se les otorgó.

Actualmente, el empresario mantiene en la Corte tres hábeas corpus pendientes por resolver, dos de los cuales han sido interpuestos durante el COVID-19, señaló Cruz.

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Hay que indicar que otro de los empresarios que se encuentra bajo detención preventiva desde junio del año pasado, es el abogado Mauricio Cort quien es señalado por supuesto blanqueo de capitales.

A diferencia del exdiputado Panameñista Jorge Alberto Rosas, detenido por la Fiscalía Anticorrupción y que en 28 días se le concedió un cambio de medida cautelar por la Corte Suprema de Justicia, Cort fue detenido a finales del Gobierno de Juan Carlos Varela; esto a pesar de haber firmado y homologado un acuerdo con la Fiscalía Especial Anticorrupcion por los mismos hechos por los que actualmente está imputado.

A Cort le fue coartado el derecho a consignar las fianzas de excarcelación que le fueron concedidas, lo que llevó al abogado Irving Bonilla a interponer acciones de Habeas Corpus por la violación a su libertad y por la inexistencia de necesidad de la medida de detención.

Otra acción en trámite es un amparo de garantías contra la resolución emitida el 30 de enero de 2020 por la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por violación al derecho de defensa.

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