Autoridades insisten en desconocer el Principio de Especialidad que ampara al expresidente Ricardo Martinelli

La defensa del expresidente Ricardo Martinelli a través del abogado Alejandro Pérez presentó una denuncia penal en contra de la jueza tercera liquidadora de causas penales Baloisa Marquínez y del fiscal contra el Crimen Organizado, Emeldo Marquez, por la violación al tratado de extradición entre Panamá y los Estados Unidos (EE.UU.) de América de 1904.

Pérez en la denuncia manifestó que estos dos funcionarios cayeron en la posible comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión en el ejercicio de sus funciones, provocando la vulneración del derecho de defensa al exmandatario Martinelli.

Mismos que están contemplados en los artículos 346 y 356 del Código Penal de Panamá.

Entre los hechos que se fundamenta esta denuncia penal, están que el 7 de junio de 2018, el Departamento de Estado de los EE.UU. comunicó la entrega de Martinelli y que el principio de Especialidad se aplicaba en este caso.

Luego. el 11 de junio de 2018, Ricardo Martinelli arribó a Panamá en ocasión a su extradición, tal como consta en la nota entregada por los Marshall a las autoridades panameñas, en la que también se deja establecido que la especialidad es aplicable en este caso.

Luego el 24 de junio de 2020, Vladimir Franco, director de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró y acreditó que el exgobernante poseía el derecho al Principio de Especialidad y que el mismo entro en vigencia a favor de Martinelli una vez fue entregado a las autoridades panameñas.

Momento desde el cual las autoridades del Ministerio Público (MP) como el Juzgado Tercero Liquidador tenían y tienen pleno conocimiento de que Martinelli posee el derecho al Principio de Especialidad.

Esto por diligencias dentro del caso New Business hechas por el fiscal David Mendoza Jaén, donde solicitaba la excepción a la regla de Especialidad. Siendo esta una prueba fehaciente de que la Especialidad aplicaba para el exmandatario Martineli en el caso New Business.

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Sin embargo, el fiscal Mendoza fue reemplazado dentro de las investigaciones por este caso y en su puesto fue designado el fiscal Marquez quien desconoce este derecho que ampara al exmandatario.

Por otro lado, la jueza Marquinez incurrió en las mismas violaciones que Marquez, pero con el agravante de que ella tenía la obligación de ejercer los controles constitucionales y convencionales sobre los actos de investigación que efectúen los fiscales.

Con estas omisiones, ambos funcionarios faltaron a su deber de velar por la integridad de los derechos humanos y procesales del denunciante.

Ante esto que ha sucedido, la defensa de Ricardo Martinelli, le ha solicitado al procurador encargado, Javier Caraballo, que inicie una investigación prolija y expedita y una vez acreditados los hechos delictivos denunciados se proceda a la formulación de cargos de la jueza Marquínez y el fiscal Marquez.

También le piden que ambos funcionarios sean separados de sus cargos, ya que su presencia podría causar la pérdida de pruebas documentales y "posiblemente obstruir la búsqueda de la verdadera justicia en este caso".

Como una solicitud especial hecha dentro de esta denuncia, también se solicita que la jueza Baloisa Marquínez, se aparte o sea declarada impedida de conocer los procesos en los cuales se vincule al expresidente panameño.

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Esto porque la misma no constituye una autoridad que pueda garantizar los derechos de Martinelli.

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