Cien menores en conflicto con la ley ingresan por año a centros disciplinarios

Los menores de edad siguen siendo las principales víctimas de la delincuencia en Panamá, no solo por la pérdida de vidas, sino también porque muchos terminan privados de su libertad.

Cifras suministradas por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI) revelan que alrededor de 100 adolescentes ingresan a estos recintos anualmente para ser investigados o cumplir condenas por homicidio, violación, robo agravado y posesión ilícita de armas y drogas, delitos que han aumentado a nivel nacional.

La población recluida en estos centros de custodia y cumplimiento, según Ysatis Forte, directora del IEI, ha aumentado de forma progresiva en los últimos años; el 2024 cerró con 450 jóvenes detenidos, cantidad que ascendió a 550 en 2025 y, en lo que va del 2026, se han registrado 109 casos más para alcanzar un total de 659.

Explicó que la mayoría de los adolescentes en privación de libertad provienen de la provincia de Panamá Oeste y el distrito de San Miguelito, lo que evidencia que en estas zonas los menores son más vulnerables a los grupos delincuenciales debido a múltiples factores, entre ellos, la fragmentación familiar; por ello, es importante crear políticas de prevención enfocadas en sus realidades para atacar el problema desde la raíz.

Señaló que, si bien es cierto, las modificaciones a la ley No. 40 del 26 de agosto de 1999, que establece el régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, son necesarias porque los tiempos y perfiles delincuenciales evidentemente han cambiado; estas no pueden estar orientadas únicamente a la privación de libertad porque mantener a estos menores dentro del sistema sin que sean judicializados, como ocurre actualmente, también los expone a mayores factores de riesgo emocional y social.

"La privación de libertad debe ser la excepción; la idea no es llegar hasta allá, sino trabajar en la prevención primaria y secundaria, buscando la manera de que los muchachos puedan salir", dijo a Panamá América.

La funcionaria indicó que se deben reforzar los programas de resocialización junto a entidades como el Ministerio de Educación, el Órgano Judicial, los estamentos de seguridad pública, entre otros, para que estos jóvenes, una vez salgan del sistema, puedan reinsertarse a la vida en sociedad en estricto apego a la ley.'

15-18

edades en las que los jóvenes pasan al cuidado del Instituto de Estudios Interdisciplinarios, adscrito al Ministerio de Gobierno.

 

659

jóvenes recluidos hasta la fecha.

 

El objetivo del IEI es que los jóvenes a su cuidado logren graduarse de secundaria e inicien sus estudios universitarios para evitar que vuelvan a delinquir por falta de apoyo y oportunidades laborales, que es lo que generalmente sucede en el país.

Sobre la posibilidad de responsabilizar a los padres por los delitos que cometan sus hijos, mencionó que la medida no es jurídicamente viable porque no son los autores materiales del hecho y tampoco considera que sea la solución al problema, ya que su comportamiento no depende únicamente de lo que se les enseña en casa, sino de su nivel de madurez y discernimiento.

"Castigar al papá por un error del adolescente no me parece justo ni tampoco es lo correcto; en lo que hay que trabajar es en crear políticas de prevención, buscar la manera de brindar más apoyo presupuestario para desarrollar estos programas", agregó.

Cabe destacar que la institución, adscrita al Ministerio de Gobierno, alberga a jóvenes entre 15 y 18 años durante la fase de custodia y cumplimiento de sus medidas judiciales, así como a personas que cometieron delitos siendo menores y que, según la ley, pueden permanecer en sus centros hasta los 25 años bajo ciertos parámetros de conducta.

La exdirectora de la Dirección Nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred), Azihra Valdés, coincide con Forte en que endurecer las penas contra menores de edad debe ir acompañado de una verdadera estrategia preventiva, pues evitar que caigan en ese círculo vicioso cuesta menos que mantenerlos en centros penitenciarios.

Sin embargo, admitió que hay muchas personas que están "dañadas"; por ende, el tema debe ser analizado con detenimiento, tomando en consideración aspectos científicos, psicológicos y sociales.