Conceden amparo de garantías en favor de Odila Castillo

La abogada y exfuncionaria de la Contraloría General de la República, Odila Castillo Bonilla, obtuvo a su favor un amparo de garantías en la querella presentada contra el periodista Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, por supuesta calumnia e injuria y violencia de género, por lo que la acción penal continuará su curso.

El dictamen del Primer Tribunal Superior, descrito en el edicto No. 739-EJE-60076-2026 revoca la decisión oral emitida por el juez de garantías Roberto Agustín Cedeño, el pasado 20 de marzo de 2026, que mantuvo el archivo de la investigación.

La demanda contra Rodríguez se da luego de que en reiteradas publicaciones insinuara que el patrimonio de la exfuncionaria se constituyó con fondos públicos.

Dichas aseveraciones derivaron en la pérdida de clientes e ingresos a Castillo Bonilla, y padecimientos como insomnio y ansiedad; por ello, también acusa a Rodríguez de lesiones psicológicas, delito contra la propiedad intelectual y la seguridad informática.

El archivo de la causa, según Castillo Bonilla, vulneró su derecho al debido proceso, pues la autoridad demandada, durante la audiencia celebrada para revisar la medida del Ministerio Público, se limitó a mantener el archivo sin expresar las razones fácticas y jurídicas que sustentaban tal resolución, razón por la cual solicitó que se dejara sin efecto el acto impugnado, ordenando la emisión de una nueva disposición respetuosa de las garantías constitucionales.

El Tribunal, atendiendo su demanda, pidió a la contraparte su respuesta; sin embargo, esta no rindió informe explicativo y se limitó a remitir como antecedente una copia digital del audio de la audiencia en la que se emitió la decisión objetada.

Tras analizar ambas posturas, se determinó que la motivación de las decisiones judiciales constituye "una exigencia inherente al debido proceso" que no fue respetada por la parte demandada, pues en el audio de audiencia se percibe que se optó por mantener el archivo sin exteriorizar razonamiento alguno que permitiera conocer los motivos de esta decisión.

"La ausencia absoluta de motivación no puede confundirse con una motivación breve o sucinta. La autoridad judicial podía compartir las conclusiones del Ministerio Público; sin embargo, aun en tal supuesto, tenía la obligación mínima de exteriorizar las razones por las cuales estimaba procedente mantener la decisión", subraya el informe.

Esta carencia confirma lo mencionado por Castillo Bonilla: se le vulneró el derecho al debido proceso; por tanto, concedieron a su favor un amparo de garantías que, a su vez, da continuidad a la denuncia contra Rodríguez, quien a través de sus publicaciones ha hecho acusaciones en su contra sin fundamento alguno.

Aseveraciones que, de acuerdo con el equipo legal de la exfuncionaria, buscan afectar su reputación profesional y vida personal.

"Todas las acusaciones que se han hecho no tienen mayor relevancia, pero buscan afectar la actividad profesional de una joven abogada con su firma y su socia para efectos de intereses económicos implícitos", puntualizaron.

Recalcan que algunos medios de comunicación utilizan "verdades a medias" para minimizar el ejercicio profesional de su cliente.

"A nuestra representada se le han violado los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución y en la ley. Se van a hacer todas las acciones legales para determinar la responsabilidad de todos los perjuicios ocasionados y que se quieren ocasionar", advirtieron.