En medio del caso de tráfico internacional de armas y otorgamiento irregular de permisos que investiga el Ministerio Público (MP), surge ahora la denuncia de una supuesta oficina dentro de la propia Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (Diasp), donde se atendían a los denominados "funcionarios VIP" de este Gobierno.

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Así lo reiteró ayer la abogada Idalia Martínez, defensa legal de un agente sin rango que parece ser el "chivo expiatorio", a quien se pretende señalar ahora como el principal responsable del otorgamiento ilegal de permisos para portar armas, como estrategia para distraer la opinión pública.

"Vayan a averiguar a qué altos funcionarios se les atendía en la oficina VIP y cómo lograban que se les otorgaran permisos de arma", indicó la abogada Martínez.

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"Allí hay políticos de buen alcance, del propio Ministerio de Seguridad, pero quieren agarrar al más débil y meterlo en La Joyita", denunció la jurista.'

Cifras

7 de octubre pasado, se venció el plazo de la investigación, razón por la cual se pidió una prórroga.

6 meses más se le concedió al MP para investigar, elevándose la causa a “compleja”.

Las irregularidades en este caso parten del hecho de que 5 funcionarios acusan directamente de estas irregularidades al director de la Diasp, Ovidio Fuentes, quien ya se había entregado el pasado viernes para colaborar con las investigaciones.

Pero en una jugada de influencias, logró que se retirara la imputación en su contra, que no se aplicara ninguna medida cautelar e incluso, que se le ratificara en el cargo.

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"Esto es bochornoso", dijo Idalia Martínez, quien advirtió que su libertad puede provocar la posible eliminación de pruebas y documentos.