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Judicial / Corte Suprema de Justicia debe certificar si autorizó espiar a Ricardo Martinelli y a Luis Eduardo Camacho

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Consejo de Seguridad / Corte Suprema de Justicia / Luis Eduardo Camacho / Panamá / Ricardo Martinelli

Panamá

Corte Suprema de Justicia debe certificar si autorizó espiar a Ricardo Martinelli y a Luis Eduardo Camacho

Publicado 2021/01/26 00:00:00
  • Luis Ávila
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  •   /  

El vocero del expresidente indicó que han recibido información de que él, Martineli y otros están siendo víctimas de seguimiento.

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Ricardo Martinelli.

Ricardo Martinelli.

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Luis Eduardo Camacho, vocero de Ricardo Martinelli, presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de información, con el fin de que se le certifique si su teléfono y del expresidente están intervenidos por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Esta solicitud de información se hace con base en la Ley de Transparencia y tiene como objetivo saber si esta institución, adscrita a la Presidencia de la República, está interviniendo los teléfonos de Martinelli y Camacho con la autorización del Órgano Judicial.

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Camacho, a través de una nota dirigida a esta institución, solicitó que le informen si alguna dependencia del Órgano Judicial ha dado autorización para obtener, interceptar, captar información y escuchar las comunicaciones en los teléfonos de ambos.

La solicitud del vocero del expresidente fue presentada a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego que fueran advertidos que tanto él, como Martinelli, estaban siendo objeto de seguimiento ilegal y escuchas ilegales.

"Miembros actuales y exmiembros del Consejo de Seguridad son quienes nos han informado que Ricardo, yo, y otras personas estamos siendo objeto de seguimiento ilegal y escuchas telefónicas no autorizadas", sentenció Camacho.

Agregó que las personas que brindaron esta información pidieron reserva de su identidad, por considerar que su vida corría peligro.

Camacho afirmó que hace la petición porque la misma será parte de las denuncias penales que estará presentando más adelante ante la Corte Suprema de Justicia, para que se investiguen los presuntos hechos ilegales.'

22


de diciembre, fue el día que los jóvenes denunciaron que estaban siendo vigilados.

2002


año en que se promulgó la ley de Transparencia en la República de Panamá.

"De acuerdo con el documento presentado en el caso de las escuchas telefónicas, el procedimiento legal incluye la autorización de parte de autoridades judiciales para poder realizar esta práctica. En base a lo citado y a la Ley 6 de 22 de enero de 2002, mejor conocida como la Ley de Transparencia", explicó.

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Hay que indicar que esta denuncia de supuesto seguimiento ilegal se suma a la presentada a finales del año pasado por miembros del partido en formación Realizando Metas, quienes aseguraron ser víctimas de seguimiento por parte de miembros del Consejo de Seguridad Nacional, durante las protestas que han estado realizando contra el actual Gobierno.

Jóvenes del partido RM se presentaron el 30 de diciembre del año 2020 ante la Secretaría General del Ministerio Público a presentar una denuncia por supuesto espionaje y seguimiento ilícito por parte de esta institución.

Los miembros de este colectivo indicaron que el 22 de diciembre del año pasado, cuando se mantenían en una protesta en la ciudad capital, se percataron de que estaban siendo víctimas de seguimiento por parte de miembros de esta institución que se encontraban en una camioneta Prado, color blanca, la cual los seguía por los diversos puntos por donde se movilizaban.

En dicha denuncia, solicitaron que se investigue a esta institución y al Ministerio de la Presidencia, dirigido por el vicepresidente José Gabriel Carrizo.

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Los denunciantes indicaron que a Ricardo Martinelli se le persigue políticamente, casualmente por este delito, y el Partido Revolucionario Democrático (PRD) hoy continúa con la persecución del expresidente Juan Carlos Varela.

Ante esto, los jóvenes le exigieron al presidente Laurentino Cortizo y a José Gabriel Carrizo, el respeto a la garantías constitucionales de los panameños y a la libertad de expresión.

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