Crispiano Adames cuestiona la extinción de dominio

El presidente de la Asamblea Nacional, Crispianos Adames, cuestionó fuertemente al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, quien presiona para que se apruebe el proyecto de ley de extinción de dominio.

Adames, en su discurso por la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias, le recordó a Pino que en Colombia, el establecimiento de la ley de extinción de dominio les tomó unos 18 años y que se tuvo que hacer a través de la Constitución del país.

Agregó que en su momento, como miembro de la Comisión de Gobierno, viajó a Colombia, donde tuvo la oportunidad de reunirse con fiscales, jueces y agrupaciones de abogados de ese país, para hablar de la extinción de dominio, la cual se estableció por particulares razones, no solo por el narcotráfico, sino por la violencia desencadenada por la guerrilla.

Indicó que como presidente de la Asamblea, su junta directiva y la mayoría de los diputados, él no está en contra de que se pueda desarrollar una materia que vaya directamente contra los delitos de terrorismo, tráfico internacional de armas, la trata de personas y el narcotráfico.

"Hoy podemos testificar que el narcotráfico también, porque el que la debe y la teme, tiene que saber que el narcotráfico no está solo en la política, está en todos los parámetros de la vida nacional", dijo.

Le reiteró al ministro de Seguridad que en la Asamblea no se ha discutido esa ley porque se le tema a la misma, sino porque a su juicio este es un proyecto que debe ir con el debido consenso de la población.

"Aquí nosotros no hemos pasado esa disposición, no porque le tememos, señor ministro de Seguridad, porque por lo menos mi persona, y estoy seguro de que la mayoría, no tienen nada que ser cuestionado en materia del narcotráfico, pero esto tiene que ir con el debido consenso de la sociedad panameña", expresó.'

625

es el número del proyecto de ley presentado y promovido por el Ministerio de Seguridad.

11

capítulos tiene el proyecto sobre la extinción de dominio que buscan aprobar las autoridades.

Comentó que en lo diversos seminarios que se realizaron en el Hotel El Panamá y la Asamblea por este tema, no hubo una sola organización panameña que este a favor de la extinción de dominio.

De forma puntual, Adames señaló que algo que no se dice, es que la experiencia de otros países con esta ley ha sido catastrófica.

Afirmó que reconoce los esfuerzos que hacen otros países y las recomendaciones que han dado en este tema, pero que a su juicio la solución a este tema contra el narcotráfico, la debe buscar es Panamá.

"Reconocemos los esfuerzos de otros países y las recomendaciones, pero la aspirina que va a tomar este país la tiene que tomar con sus manos y sabiendo qué tipo de aspirina es, porque lo que no podemos someter a esta sociedad, señor ministro de Seguridad, es precisamente a la vulnerabilidad del sistema político que vive este país, producto de su inconsistencia".

Argumentó que en algunos países donde existe la extinción de dominio, hay tutela de los derechos y las garantías fundamentales y existen tribunales constitucionales que van en defensa de las personas cuando se les ignora el debido proceso y "aquí no hay eso".

De manera puntual, Adames pidió a los diversos gremios del país que investiguen la realidad de otros países con esta ley.

El presidente de la Asamblea confirmó que, en su momento, pidió al Ministerio de Seguridad que retire el proyecto, el cual tiene falencias.

"Le hemos solicitado al ministerio que retire un proyecto que tiene múltiples falencias determinadas por técnicos panameños, pero si no lo retira y nosotros lo aprobamos, la culpa en el futuro será de la Asamblea", aseveró.

Quien también hizo fuertes cuestionamientos a este proyecto de extinción de dominio fue el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich.

Advirtió que esta es una ley traída de los cabellos y cuestionó la intromisión de la nueva embajadora en Panamá de los Estados Unidos, María Aponte, quien dijo que Asamblea tiene que aprobarla.

"Esta es una ley que viola los Derechos Humanos y las garantías fundamentales, nosotros tenemos un sistema de justicia frágil, el cual se usa para perseguir políticamente, algo que viene desde el Gobierno anterior", puntualizó.

Mientras que, el ministro de Seguridad, comentó que no va a retirar este proyecto, el cual considera necesario para la lucha contra el narcotráfico.

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