Critican la forma en que se usan los informes policiales en Panamá
Juristas han denunciado que muchas veces, cuando se va a un juicio y se tiene que sustentar la veracidad de esos informes, resulta que no se puede identificar a la fuente que brindo la información.
Estos informes son usados por los fiscales para abrirle investigaciones a determinadas personas. Archivo
Los informes policiales usados como pruebas para detener a personas en algunos procesos penales han venido siendo duramente cuestionados.
Abogados han estado criticando como estos informes policiales que provienen de supuestas fuentes anónimas, han servido para decretar detenciones en algunos procesos judiciales en el país.
Incluso, con base en estos informes se ordenó la detención de algunas personas que luego resultaron que no tenían nada que ver con los procesos que se investigaban por parte del Ministerio Público (MP).
Uno de estos casos fue el del joven Miguel Ángel Almanza, el cual producto de dos informes policiales de una supuesta fuentes anónimas fue detenido por las investigaciones del asesinato de siete jóvenes en el "Bunker" de Colón.
Almanza se salvó de pagar hasta 50 años de cárcel por este caso, gracias a la suspicacia de algunos abogados que sospechaban de que no tenía nada que ver con esos asesinatos.
Recientemente, el abogado Manuel Calvo, defensor de Nicel Solano, funcionaria del Órgano Judicial que fue separada de su cargo por supuestamente haber filtrado información confidencial, denunció que su defendida está detenida por un informe policial.
"La vinculación de la funcionaria a este proceso se da por unos informes policiales que dicen que ella, supuestamente, estaba filtrando información de allanamientos, intervenciones telefónicas y turnos de jueces en ciertas audiencias", indicó el jurista.
Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), indicó que es del criterio que los informes policiales deben estar respaldados "por las fuentes veraces que respalden tales o cuales versiones" que sirvan de fundamento para iniciar un proceso legal.
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Agregó que la ausencia de alguien determinado que ratifique los detalles dejaría en incertidumbre si eso fue verdad o no.
"Recordemos que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario", dijo.
Por su parte, el abogado Rigoberto Vergara señaló que es muy frecuente en Panamá que las investigaciones se originen con los llamados informes policiales o de "obtenidas".
En el mismo, el policía detalla que una fuente de entero crédito, que no ha sido identificada, le dijo que una persona se dedica a una determinada actividad de carácter ilícito, información con la que en muchos casos ordenan diligencia de allanamiento, detenciones, algo que es cuestionable.
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"Eso es cuestionable porque uno de los principios es que se debe conocer quien es el acusador, pues el acusador en este caso no es el policía, sino que es la llamada fuente de entero crédito, algo que nunca se puede saber si es un enemigo político, una persona propensa a delinquir o que ha recibido algún beneficio por incriminar a otra persona", explicó.
Vergara enfatizó que siempre se ha tratado de que estos informes policiales sean verificados con otras pruebas y que no se quede solo a la discrecionalidad u opinión de la persona que lo redacta.
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