El hacinamiento y el poco acceso a la salud son problemas, que junto al COVID-19, agravan la situación de los privados de libertad recluidos en los distintos centros carcelarios del país.

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Esto preocupa a la Defensoría del Pueblo, sobre todo por la crisis actual que se vive en las cárceles nacionales, en las cuales más de 700 privados de libertad están afectados por el COVID-19, incluso uno de ellos falleció por esta mortal enfermedad.

Para Michael Jarquín, jefe de Asesoría Legal de la Defensoría del Pueblo, el mayor problema con este mortal virus está en la cárcel pública de Santiago por su elevado hacinamiento, lo que ha permitido la rápida propagación del COVID-19.

Indicó que ante esto han hecho una serie de recomendaciones a las autoridades para evitar la propagación del coronavirus, como es mover a los detenidos positivos a un lugar fuera del recinto a pasar la cuarentena y agregó que están detrás de esto para lograr el objetivo.

Sumado a ello, el funcionario señaló que como institución se han hecho eco de la recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de otorgarle un cambio de medidas cautelares a las personas que pudieran estar expuestas a este mortal virus.

Frente a esto, han recomendado a la Dirección del Sistema Penitenciario ver la situación de las personas que están en las cárceles bajo esta condición para evitar que se contagien de esta enfermedad.

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Actualmente, hay casos como el del empresario West Valdés, quien tiene más de tres años de estar detenido bajo detención preventiva y aún su situación no se resuelve.'

58%

es la población de detenidos a nivel nacional que cuenta con una condena en firme.

23

centros penales hay en el territorio nacional, según el Ministerio de Gobierno.

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También está el caso de Luis Cucalón, quien padece de múltiples enfermedades que ponen en peligro su vida, sin embargo, aún se mantiene detenido, luego de que la fiscal Leyda Saénz emitió una nueva orden de detención en su contra, a pesar de que se le otorgó la medida de detención domiciliar a mediados del mes de mayo.

Hay que indicar que las enfermedades que más se ven en las cárceles del país son la hipertensión, tuberculosis, VIH, etcétera, por lo que los detenidos con este tipo de padecimientos, si llegan a ser infectados por el COVID-19, corren mayor riesgo de morir.

Ante esto, Jarquín agregó que junto al Sistema Penitenciario han examinado la situación de los privados de libertad con estos padecimientos para ver cómo se les puede dar una medida distinta a la detención, siempre y cuando clasifiquen.

Descuido histórico

En tanto, Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), planteó que el Estado es el custodio de los individuos que están recluidos en los distintos centros penitenciarios y a diferencia del ciudadano libre, que su contagio del COVID-19 puede ser por un descuido, en el caso de los detenidos, es responsabilidad de quien no tuvo control en los penales.

Esto, a sabiendas de que en las cárceles no hay posibilidad para el distanciamiento social, ni tampoco se cuenta con los insumos, lo que permite avanzar hasta el punto que hemos llegado.

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Araúz indicó que si en Panamá se logra contar con una clasificación de los detenidos que hay en el país y que algunos podrían cumplir sus penas con un depósito domiciliario u hospitalario, se evitaría el elevado hacinamiento que existe en las cárceles.

El presidente del CNA agregó que hay igualmente una preocupación por la exposición de los abogados que atienden a los privados de libertad, por lo que se ha planteado una alternativa con vídeo-conferencias para atenderlos.

"Sin embargo, esto nos plantea una preocupación, que el sistema debe solventar, y es el caso de garantizar la privacidad que se vaya a tener con el uso de la tecnología", expresó el jurista Araúz.

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