La Regional de Metetí de la Defensoría del Pueblo visitará la ERM de Lajas Blancas para continuar la campaña de orientación a los migrantes sobre sus derechos humanos, y la presentación de la denuncias ante las autoridades competentes.
La institución hace un llamado a promover un análisis de estrategias dirigidas a responder integralmente al tema.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González señaló que se pudo palpar la no compactación propia de la basura, así como el peligro que se corre ante un posible derrumbe que cause un daño no sólo al ambiente sino a la vida de los que allí trabajan; al igual que presencia de niños en el lugar.
La preocupación se deriva de que estos cierres provocaron que los familiares se llevaran a los adultos mayores a sus residencias, sin contar con la capacitación necesaria para atenderlos.
Según la funcionaria de la Defensoría del Pueblo, Margaret Madrigal, se han presentado casos por destitución o desvinculación laboral y aunque se han logrado algunas renovaciones.
El propósito es buscar soluciones a las crisis que vive el sector transporte, específicamente, los colegiales, ante la paralización de las clases debido a la pandemia de la covid-19.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo maneja 35 casos por abuso policial y aunque no todos han terminado en vulneración de derechos humanos, la entidad ha hecho recomendaciones a los directores anteriores.
A través de la Dirección de Asesoría Legal, la Defensoría del Pueblo le da seguimiento a los cinco casos que han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público.
El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, anunció que de ser necesario se acudirá al Ministerio Público.
Entre las problemáticas figuran la falta de acceso a la atención con especialistas, hacinamiento y la ausencia de dietas según las enfermedades que padecen.
Leblanc recordó que las cancillerías de Panamá y Colombia firmaron el pasado 30 de abril "un acuerdo donde debía haber un intercambio de información" sobre los migrantes que salen del país andino hacia el centroamericano, pero dijo tener conocimiento "de que ese intercambio de información no se dio".
El incidente se reportó supuestamente porque el usuario se negó a portar la careta o pantalla facial, tal como lo han establecido las autoridades de salud en transporte público, como medida de prevención contra el covid-19.
La Defensoría del Pueblo pide con carácter de prioridad se realicen las investigaciones pertinentes a toda situación que ponga en riesgo la vida humana de esta población a fin de deslindar responsabilidades.
El funcionario responsabilizó de la situación que viven los transportistas del sector selectivo a los diferentes gobiernos que asegura, otorgaron cupos de forma desmedida.
De acuerdo con el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González, la propuesta debe implementarse ya cuando haya una mayor reactivación económica del país, la cual aún sigue afectada producto de la pandemia de la covid-19.
Las enfermeras protestaron el pasado 26 de abril cerca de las inmediaciones de la Caja de Seguro Social, en la vía Transístmica, por el presunto incumplimiento de los acuerdos gremiales de 2015 y la falta de insumos de bioseguridad.
El Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc González se reunió con la directora de la Senniaf, Graciela Mauad, para abordar algunos temas.
La queja, mediante nota del 31 de marzo de 2021, se sustenta en que en reiteradas ocasiones ambos funcionarios rechazaron contestar los Oficios del Defensor del Pueblo.
En misiva el defensor del pueblo informa que el pasado 20 de abril, Delegados de Derechos Humanos de la entidad en esa área, atendió el caso de 2 niñas migrantes, una de 12 y otra de 16 años quienes fueron presuntamente víctimas de violación sexual en la trocha entre Panamá y Colombia.
La Defensoría del Pueblo acogió la propuesta y advirtió que visitará de sorpresa las escuelas elegidas para el retorno gradual a las aulas.
