Delaciones en caso FCC fueron declaradas nulas por el Segundo Tribunal de Justicia

Un abogado vinculado a las investigaciones del caso FCC confirmó que las delaciones hechas por Eugenio del Barrio y Julio Casla, exdirectivos de la empresa española, fueron declaradas nulas por el Segundo Tribunal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá.

Las declaraciones que le fueron tomadas a estos dos funcionarios de FCC no tienen ningún sustento, veracidad, ni valor probatorio en Panamá, indicó.

"Estas dos personas cuando declararon metieron todos los proyectos que la empresa había realizado en Panamá, cuando la investigación se centraba solo en el proyecto de Vía Brasil y llegaron a un acuerdo con la fiscalía, el cual se anuló, producto de un recurso que presentamos los abogados defensores en este proceso", expresó.

Agregó que el Segundo Tribunal anuló todo lo que se hizo desde octubre hasta diciembre del año pasado y eso incluye los acuerdos de delación que hicieron Casla y Barrios.

El defensor indicó que con la delación hecha en Panamá, la empresa española pretendía meter hechos que guardaban relación con las investigaciones que se le siguen en España. Lo que pretendían hacer era trasladar todo al país europeo y decir que eso ya lo habían investigado, dijo.

"Esto ahora a FCC se le complicó, porque el acuerdo hecho por estas personas, su convalidación ante el juez ha quedado nulo y en consecuencia no se puede presentar nada en España", puntualizó el abogado.

Añadió que ahora mientras la Corte Suprema resuelve un amparo que presentó la Fiscalía, producto de la nulidad declarada, prácticamente el Ministerio Público se va a quedar sin caso.

Frente a la publicación hecha por el diario La Prensa, en donde replican parte de las declaraciones dadas por estos funcionarios de la empresa FCC, el jurista las catalogó como comentarios de unos directivos que son totalmente sesgados y parcializados.

"Dónde está la evidencia que corrobora cada una de esas cosas que ellos mencionan allí", preguntó.

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El defensor añadió que las declaraciones dadas por estos dos colaboradores no tienen ningún valor probatorio, ya que ellos cuando las dieron estaban bajo indagatoria, por lo tanto estaban bajo apremio y juramento, "eso significa que la persona puede decir lo que le da la gana y no se le puede hacer nada desde el punto de vista legal".

La delación de estos dos funcionarios se dio, luego de que funcionarios del Ministerio Público, bajo el mandato de Kenia Porcell, viajaron a España y los indagaron en la Embajada de Panamá en este país.

Duda de pedido de coimas

Este medio ha podido conocer que los dos exdirectivos de la empresa FCC, dentro de sus señalamientos hablaron sobre una supuesta coima que involucraría a la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) de pasados gobiernos.

Sin embargo, Guillermo Saénz-Llorens manifestó que en lo que a él respecta, es totalmente falso que haya pedido o le hayan dado algún pago a cambio del financiamiento de la obra y que duda que se haya hecho tal pedido.

"No se pudo haber hecho eso, ya que la persona que se menciona nunca tuvo nada que ver con la CSS, ni con el proyecto de la Ciudad Hospitalaria, hoy día llamada Ciudad de la Salud ", expresó de forma contundente el exdirector.

Agregó que es importante resaltar que esta obra durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal fue licitada y adjudicada mediante acto público.

La Prensa ha publicado en los últimos días información vieja sobre casos.

"No sé a quién le cabe en la cabeza que por haber rebajado un monto de 70 millones de dólares a un proyecto (de $587 millones a $517 millones), le van a dar una comisión a alguien de 4 millones de dólares, cuando lo que buscó la junta directiva fue rebajar este monto, no subirlo. Creo que es el único proyecto en Panamá en que se firmó una adenda para reducir el monto inicial de una obra", sentenció Sáez-Llorens.

El exfuncionario aclaró que el cambio del financiamiento no fue iniciativa suya, fue por una solicitud de la junta directiva, ya que la CSS en ese momento tenía buena liquidez y vio una oportunidad para reducir el monto de la obra.

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"Esto fue analizado y aprobado tanto por el financista de la junta directiva como por el director de finanzas de la CSS", expresó el exdirector.

Saénz Llorens agregó que la Fiscalía le revisó todas sus cuentas y pudo verificar que sus ingresos siempre fueron acordes con el producto del trabajo que realizó profesionalmente.

"La auditoría de la Contraloría General de la República dejó muy claro que el monto del proyecto era acorde con el presupuesto del mismo, que todo se hizo correctamente, inclusive desde la etapa precontractual y que los pagos fueron acordes con el avance de obra", explicó.

Indicó que con lo vertido en el informe de auditoría por el excontrlor Federico Humbert, "resulta evidente que la Administración de la Caja de Seguro Social 2009-2014 queda exenta de toda responsabilidad".

"Sin embargo, los desaciertos, irregularidades, ilegalidades y pésima administración correspondiente al período 2014-2019, sobre los que no hacen comentarios ni investigación alguna, ocasionaron y siguen ocasionando, no solo elevados sobrecostos, sino lesiones patrimoniales que seguro arrojarán los informes de auditoría que deberán realizar tanto las actuales autoridades de la institución como de la Contraloría de la República".

Entre las posibles irregularidades a las que Saénz Llorens hace referencia, están la decisión "unilateral e injustificada" de la administración de Estivenson Girón de suspender la construcción de la Ciudad Hospitalaria, sin que mediara una causal contemplada en el contrato de la obra.

Falsedad

El exdirector de la CSS también se refirió a la noticia publicada por La Prensa e indicó que en la nota se señaló que la obra fue licitada bajo la modalidad de llave en mano, pero antes de 2014 pasó a fast track.

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"Si el periodista se hubiera tomado la molestia o el trabajo de investigar el significado de ambos términos, seguramente no habría incurrido en el error de aseverar esta falsedad, producto de su evidente falta de conocimiento en la materia. La modalidad "llave en mano" es una forma de contrato, mientras que la modalidad "fast track" es un sistema de gestión de la construcción", puntualizó.

El exdirector le recordó al periodista que producto de dicho informe de la Contraloría General de la República, el Juzgado de primera instancia,  ante las pruebas contundentes que indicaban que  ninguno de los investigados había participado en acto ilegal, dictó un dictó un Auto de Sobreseimiento Provisional.    

Ante esto,  el Ministerio Público  apeló  tal decisión de primera instancia, sin embargo, el Segundo Tribunal Superior de Justicia,   en un nuevo fallo,  declaró el sobreseimiento definitivo, a los involucrados dentro de este proceso.

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