Panamá
Lo que se busca con esta demanda es que se condene al Estado panameño a pagar por los daños causados al señor Frank De Lima Vargas.
Fiscal Zuleyka Moore.
Una demanda contenciosa administrativa de indemnización o reparación directa fue presentada en contra del Estado panameño, en la figura del Ministerio Público (MP), en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por los perjuicios causados a la sociedad la Vistada, la cual fue aprehendida dentro de las investigaciones seguidas por el caso Odebrecht.
Dicha demanda fue presentada por el abogado Roberto Ruiz Díaz en representación de Frank De Lima Vargas, y en ella se está solicitando la suma de 350 mil dólares por los daños causados a la propiedad.
Con esta acción, lo que se busca es que se condene a la entidad estatal a indemnizar a Vargas, esto por haber sido víctima de la fiscal Zuleyka Moore, quien ordenó la aprehensión ilegal de dicho bien. Además de esto, por retrasar la liberación en el Registro Público, esto luego de que la CSJ acogiera un amparo de garantías constitucionales.
Moore ordenó la aprehensión de una finca propiedad de la sociedad La Vistada S.A., ubicada en el distrito de San Carlos, cuyo propietario es Frank De Lima Vargas, quien no tiene relación con las investigaciones que se realizaron en este proceso legal.
Actualmente el MP está representado por Javier Caraballo, quien asumió el cargo luego de que el exprocurador Eduardo Ulloa, renunció al cargo en medio del escándalo por supuestos abusos en albergues.
Dentro de este proceso, la entidad demandada será representada por el procurador general de la Administración, Rigoberto González Montenegro.
Dentro de su demanda, Ruiz Díaz también dejó claro los daños materiales, físicos y morales causados al señor Frank De Lima Vargas como consecuencia de haber secuestrado y aprehendido los muebles ilegalmente de este, el 3 de septiembre del año 2018.'
3
de septiembre del año 2018, la Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión de La Vistada S.A.
31
de octubre de 2019, la Corte indicó que no había razones para aprehender la propiedad.
Según el jurista, producto de las acciones cometidas contra Vargas, el mismo también sufrió daños en su salud, producto de que es un señor mayor de 70 años que debido a estas acciones tuvo que irse a vivir fuera del país por haberse quedado sin su propiedad.
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En cuanto a la cuantía solicitada por daños causados ($350 mil), el abogado indicó que por daños y perjuicios materiales la suma de 200 mil dólares.
Dentro de estos daños a la propiedad se incluye el sistema de seguridad, infraestructuras, vehículos, piscina, sistema eléctrico, entre muchos más.
Además de esto, los gastos en arriendo que tuvieron que realizar en los Estados Unidos (EE.UU.).
Mientras que el abogado tasó la suma de 150 mil dólares por daños contra el honor y reputación causados a la moral de Vargas.
El abogado defensor también dentro de su demanda le solicitó a la Sala Tercera de la CSJ que le solicite al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le certifique si dicha entidad mantuvo bajo su custodia la propiedad La Vistada S.A., esto como depositorio de la finca.
Igualmente que le soliciten al Ministerio Público, que por medio de la Fiscalía Especial Anticorrupción, le certifique qué entidad, persona o institución se mantuvo como responsable por el mantenimiento, resguardo, y cuidado de esta propiedad.
El abogado también indicó que en la fase de pruebas correspondientes, una vez se llegue a la misma, se presentarán y anunciarán las pruebas periciales, documentales y testimoniales dentro de este caso.
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El pasado viernes se conoció que la demanda contra el Estado panameño (Ministerio Público) quedó radicada en el despacho del magistrado Carlos Vásquez, según el reparto hecho por el Órgano Judicial.
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