Dueño de Meco es detenido por caso de corrupción

El dueño de la constructora Meco, Carlos Cerdas, fue detenido ayer en Costa Rica dentro de un operativo policial que busca desmantelar una supuesta red de corrupción que manejó proyectos viales por unos $126 millones en los últimos tres años.

El Ministerio Público de Costa Rica dijo que hasta ayer se había detenido a 28 personas, de los cuales 19 son funcionarios, mientras que 14 personas particulares son buscadas para ser detenidas y puestas a órdenes de las autoridades judiciales.

En Panamá, la empresa Meco desarrolla importantes obras adjudicadas en el gobierno de Juan Carlos Varela, entre ellas, la ampliación de la carretera Puente de las América-Arraiján por $405 millones.

También esta empresa es parte de la investigación del caso Blue Apple, en donde el empresario Cerdas aceptó un acuerdo de colaboración. Otra de las empresarias detenidas en Costa Rica es Mélida Solís de la constructora H Solís, de acuerdo con información del diario tico La Nación.

Este medio tico también informó, que a través de un comunicado, la empresa Meco dijo que "está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público, facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso".

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica informó que en total son 57 allanamientos que tienen como objetivo "obtener pruebas para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Conavi".

El director de la Policía Judicial, Wálter Espinoza Espinoza, señaló que "es un operativo conjunto y de los más importantes de los últimos meses, sumamente ambicioso y determinado por necesidad de establecer la comisión de varias circunstancias de orden delictivo, entre estos delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica".

Espinoza afirmó, según La Nación, que en la investigación se logró determinar que hubo "una malversación de fondos dirigida a alimentar de manera irregular proyectos relacionados con adjudicaciones de obra pública, tomando dinero de otros proyectos o de otras partidas y que tenían una previsión y un destino diferente y ya establecido".

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Aseveró que a partir de lo investigado puede presumirse que hubo personas que se aprovecharon de sus circunstancias, condiciones y labores para obtener sobornos y "favorecer a las empresas privadas y elevar los costos y montos de la obra pública".

Destacó que en el caso de quienes tenían vínculos con las empresas privadas, aparentemente, obtuvieron una "ventaja comercial en su ámbito de actividad en mantenimiento y construcción de obra pública".

También explicó que en este caso se pudo determinar que, aparentemente, desde el Conavi existía un favorecimiento hacia empresas privas, con el fin de que estas obtuvieran beneficios en el ámbito de construcción, mantenimiento y desarrollo de carreteras.

"Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones o ganaban licitaciones que se exponían en el ámbito público por apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares. Ante esto, investigamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías o pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos que fueron patrocinados por empresas privadas para lograr ventajas ilegales", aseveró el jerarca judicial, tal como cita La Nación.

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Espinoza dijo que se logró declarar la investigación como un caso de crimen organizado, con lo cual pudieron usar herramientas de trabajo especializadas para verificar las relaciones y contactos que se gestaron en este caso.

"Ese esquema representaba un asocio delictivo que estaba provocando mucho daño al país y que, eventualmente, incrementaba costo de obras y que es ilegítimo, irregular y delictivo desde el plano de la hipótesis de investigación", indicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con La Nación, en total 550 investigadores judiciales, así como 100 funcionarios del Poder Judicial participaron en los 57 allanamientos.

En el operativo se allanó la oficina del asesor presidencial Juan Camilo Saldarriaga Jiménez, en la Casa Presidencial, pero el mismo no fue detenido.

La Nación dijo que otras de las firmas señaladas en esta supuesta red de corrupción son Constructora Herrera en San Carlos, Constructora Montedes en Orotina y Alsofrutales en Heredia, así como Cacisa e Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP).

La Presidencia de Costa Rica informó de que colaborará con las autoridades en las diligencias.

"Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas. En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan", dijo La Presidencia en un comunicado.

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