Judicial
Juristas indican que la funcionaria pública debe responder por sus actuaciones, que llevaron a la detención ilegal de un empresario ecuatoriano.
Zuleyka Moore detuvo a un ciudadano ecuatoriano de forma ilegal, según fallo de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Panamá América.
La fiscal superior anticorrupción, Zuleyka Moore, después que un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicara que cometió ilegalidades y violaciones al debido proceso en el caso Odebrecht, podría enfrentar un proceso administrativo y otro legal por parte del Ministerio Público (MP).
El pleno de la Corte Suprema declaró ilegal la detención de Freddy Barco Vera, un empresario de nacionalidad ecuatoriana, detenido desde el 2 de julio de 2019.
De forma clara, los magistrados, en su fallo, le manifestaron a Moore que sus actuaciones debieron ceñirse y apegarse a los parámetros y procedimientos legales, puesto que, de ninguna manera, la observancia del procedimiento a seguir puede quedar al arbitrio o discrecionalidad del agente de instrucción.
Luego de conocerse este fallo, Dionicio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó que la Corte ha sido clara en determinar que existió extralimitación de funciones y abuso de autoridad por parte de la fiscal Moore en las actuaciones que llevó a cabo por este caso en 2019.
Los magistrados también indicaron que las actuaciones de la fiscal fueron realizadas sin autorización de un juez e, incluso, se asumieron medidas que afectaron derechos fundamentales como lo es la libertad de una persona, algo que deviene en ilegal, ya que somete a las partes a un procedimiento que contraviene lo dispuesto en las leyes panameñas.
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También, que sus actuaciones contra el empresario extranjero vulneraron el debido proceso, ya que se emitieron fuera del plazo razonable adicional concedido para el perfeccionamiento del sumario.'
25
de abril de 2019 había culminado el plazo de investigación para este caso.
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de mayo de 2019, luego de culminado el tiempo para investigar ordenó detener a Vera.
Hay que recordar que la Fiscalía Especial Anticorrupción, luego de vencido el termino de investigación para este caso, siguió actuando, sin mayor control judicial, al punto que se ordenó la detención de Barco Vera, el 10 de mayo de 2019, situación que fue denunciada por el abogado Roberto Ruiz Díaz, defensa de Barco Vera.
No fue hasta el pasado jueves que Vera obtuvo su libertad, luego de que el pleno de la Corte Suprema, por mayoría, ordenara su liberación al determinar que la fiscal Moore cometió ilegalidades contra el empresario.
A juicio de Rodríguez, por este tipo de actuación, "se debería abrir una investigación tanto administrativa como penal a fin de determinar las responsabilidades propias de las actuaciones de la fiscal. Máxime porque la libertad de una persona es uno de los bienes jurídicos más preciados y debería de servir de marco para que en un futuro los fiscales del Ministerio Público cuiden sus actuaciones".
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El articulo 149 del Código Penal, en el cual se habla de los delitos contra la libertad individual, señala que quien ilegalmente prive a otro de su libertad, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión o su equivalente en días multas o arresto de fin de semana.
Si la privación de libertad fue ordenada o ejecutada por un servidor público, la sanción será de dos a cuatro años de prisión.
La fiscal Moore, actualmente acumula una queja disciplinaria por posibles faltas administrativas, por sus actuaciones dentro de este mismo caso Odebrecht en contra de la sociedad La Vistada S.A.
Esta queja fue presentada por el mismo abogado Ruiz Díaz.
En dicha queja, el jurista denunció que mediante providencia de 10 de septiembre de 2018, la fiscal decretó la aprehensión de la residencia de Frank De Lima Vargas y su esposa Nancy Gercich de De Lima, sin que los mismos guardaran relación con las investigaciones que se llevaban a cabo ni tuviesen nada que ver con Odebrecht.
Según el abogado, dicha propiedad se encuentra inscrita en el Registro Público a nombre de la sociedad La Vistada S.A., de quien Frank De Lima Vargas es su dueño, único accionista y representante legal.
Contrario a actuaciones como las antes señaladas, la funcionaria ha sido denunciada de presuntamente proteger a miembros del gobierno pasado, que supuestamente recibieron aportes de Odebrecht, entre ellos, Jaime Lasso, su hija, Michelle Lasso y el exsecretario de metas, Carlos Duboy.
Por esto, Moore fue denunciada por la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, por delitos contra la administración pública, la administración de justicia, el patrimonio y el orden económico, entre otros.
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