Panamá
Ángel Calderón, expresó que con Luis Cucalón, solo se han enfocado en la certeza del castigo y no han visto el tema de los derechos humanos.
Johaira González, fiscal Anticorrupción.
Luis Cucalón, exdirector de la DGI.
El Ministerio Público (MP) pareciera que lo que busca es que la condena de Luis Cucalón, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), termine convertida en una "pena capital o pena de muerte", así lo manifestó el abogado y exdirector del Sistema Penitenciario de Panamá, Ángel Calderón.
El exfuncionario indicó que no hay otra explicación para que la Fiscalía Anticorrupción, bajo la figura de la fiscal, Johaira González, termine ensañándose contra Cucalón, cuando la norma penitenciaria y los derechos establecen claramente reglas y pautas que hay que cumplir.
Las declaraciones de Calderón se dan luego de que el pasado 23 de diciembre, el juez de cumplimiento, Roberto Sánchez, atendiendo la situación de salud del exdirector de la DGI y que él mismo ya ha cumplido con más de las dos terceras parte de la pena de 96 meses que se impuso, le otorgó la libertad vigilada, la cual fue apelada por la fiscal González.
El exdirector del Sistema Penitenciario dijo que el caso de Cucalón es un tema de derechos humanos y no solamente el interés de la certeza del castigo.
De forma puntual, Calderón indicó que la Convención Interamericana de Derechos Humanos y las Reglas Mínimas de Mandela, establecen claramente procedimientos a seguir en el caso de los privados de libertad en las condiciones como las de Luis Cucalón, sin embargo, fue claro en indicar que "detrás de este proceso legal, siempre ha estado la mano tenebrosa de algunas personas".
"En este caso ha habido más que certeza del castigo y reiteró, no pierdan de vista la mano tenebrosa de terceras personas, que lo que quieren es eso, que la pena capital o de muerte sea la que se aplique a Luis Cucalón", puntualizó.
Reiteró que estas personas siempre han tenido las intenciones malévolas de que a Luis Cucalón "le boten la llave", pese a que conforme a la normativa penitenciaria, él tiene derecho a gozar de algunos beneficios como detenido, en este caso una libertad vigilada por el cumplimiento de más de las dos terceras partes de la pena. '
11
de enero se llevará a cabo la audiencia de apelación en el caso de Luis Cucalón.
96
meses fue la condena impuesta a Luis Cucalón, ya ha pagado más de 90 meses de la pena.
Contrario a esto, Calderón cuestionó, que la postura que asume el Ministerio Público contra Cucalón, no es una posición de que se haga justicia, "ya que lo que están haciendo no es justicia".
Esto lo dice, porque Cucalón ya es un privado de libertad que está condenado, que ya cumplió casi todo el tiempo de la pena aplicada (más de 90 meses detenido) y sobre todo por las enfermedades que padece, las cuales están más que acreditadas por médicos 100% idóneos.
Ante esto, Calderón indica que lo más probable es que en la audiencia de apelación, programada para el próximo viernes 13 de enero de 2023, confirmen la libertad vigilada otorgada al exdirector de la DGI por el juez Roberto Sánchez.
Expresó que es una medida que se debe dar por la condición de salud de Cucalón, ya que si el Ministerio Público decide mantenerlo bajo el plan que han llevado con él, lo más probable es que lo lleve a la muerte y "les tocará perseguirlo en su otra vida, algo que no tiene sentido".
Quién también reaccionó a la apelación de la fiscal Johaira González en el caso de Luis Cucalón, fue el expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
A través de su cuenta de Twitter, el exgobernate panameño manifestó: "Luis Cucalón está en su etapa final con cáncer y enfisema. Tiene más de 8 años preso con arresto domiciliario y la fiscalía apela. Los fiscales deben apelar solo en casos extremos o deben pagar daños con su patrimonio o penalmente. Apelar por apelar no debe ser la regla si excepción".
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