El abogado Guillermo Márquez Amado declinó su postulación a magistrado de la Corte Suprema de Justicia no sin antes informar que se debió a la lentitud del presidente Juan Carlos Varela.
Abogado y especialista en Ley Electoral, Guillermo Márquez Amado
El abogado y especialista en Ley Electoral, Guillermo Márquez Amado declinó ayer su postulación para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no sin antes dar a conocer que el motivo se debió a la lentitud del presidente Juan Carlos Varela en satisfacer el requerimiento constitucional.
Márquez Amado formaba parte del grupo de los 10 recomendados para ocupar la Sala Civil en la Corte Suprema de Justicia y que fue recomendado por la Comisión Pacto de Estado por la Justicia.
Mediante una carta, el abogado indicó que “la lentitud de la máxima autoridad del Órgano Ejecutivo en satisfacer el requerimiento constitucional de que a estas altura hubieran sido ya sometidos a la consideración de la Asamblea Nacional los candidatos a llenar todas las vacantes existentes, no tiene antecedentes en la historia de la República y se percibe como una estudiada estrategia para avanzar posiciones políticas”.
Márquez Amado se quejó de los ocho meses que se ha tenido que esperar para esta designación mediante su cuenta de Twitter.
Hoy llevé una carta al presidente con la que renuncio a mi postulación para magistrado de la CSJ. Después de 8 meses sin que se llenen todas las vacantes, no veo ninguna disposición de cumplir la constitución.— Guillermo Márquez A. (@GMarquezAmado) 6 de septiembre de 2018
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El período de los magistrados Jerónimo Mejía y Oydén Ortega venció en diciembre de 2017 y estos deben ser reemplazados.
El único intento para reemplazarlos fue a mediados del pasado mes de diciembre cuando Zuleyka Moore y Ana Lucrecia Tovar de Zarak, fueron designadas por Varela pero fueron rechazadas por el Pleno de la Asamblea Nacional a finales de enero de 2018.
Posteriormente, se llevó un proceso para esta escogencia que involucraba una serie de entrevistas por parte de los miembors del Pacto de Estado por la Justicia.
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