Durante una inspección que se hizo al local comercial, las autoridades de salud del país pudieron decomisar unas 15 cajas de mascarillas propiedad de la Caja de Seguro Social.
Dos comerciantes que vendían mascarillas de la Caja de Seguro Social (CSS) de manera ilegal, en medio de la pandemia por COVID-19, fueron imputados de cargos, ayer, según informó el Ministerio Público (MP).
Estas personas se dedicaban a vender mascarillas N95, propiedad de la entidad aseguradora del país, lo cual se pudo verificar cuando se hizo la inspección por parte del MP, en la cual se obtuvieron 15 cajas con 20 unidades cada una, con el registro sanitario y sello de la Caja de Seguro Social.
También fueron decomisadas otras 13 cajas sin identificación, se pudo conocer.
Luego de ser llevados ante un juez de garantías, a los acusados se les imputaron cargos con base en el artículo 392 del Código Penal, el cual indica que quien adquiera, reciba dinero, valores u objetos que sabía o presumía provienen de un delito o intervenga en su adquisición, receptación u ocultación será sancionado con prisión de dos a cinco años y multa equivalente al triple del valor del objeto del delito.
Añade la ley que la pena será aumentada de una tercera parte a la mitad, cuando se trate de bienes públicos o que se usan para prestar servicio público.
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A los dos ciudadanos se les impuso la medida de reporte periódico cada 15 días ante la autoridad competente e impedimento de salida del país, una vez se normalice la situación de sanidad de nuestro país.'
Recientemente, el Ministerio Público (MP) adelantó que iniciará las investigaciones de todos los casos en que se reciba noticia criminal o se tenga conocimiento del aprovechamiento de los bienes del Estado, respecto a la distribución del Plan Panamá Solidario.
El Código Penal de Panamá tipifica la sustracción, la apropiación, el extravío y el uso por parte de los servidores públicos para fines propios o ajenos al servicio.
Los servidores públicos que sean sorprendidos malversando los fondos que el Estado destinó para el Plan Panamá Solidario por la pandemia de coronavirus podrían enfrentar penas de prisión que van de cuatro a 15 años.
El Ministerio Público continuará con esta investigación para deslindar responsabilidades y ubicar al o los funcionarios de la CSS involucrados en este hecho.
En otra audiencia realizada en el día de ayer, el Ministerio Público también logró que se le imputaran cargos a una persona por el delito de usurpación de funciones públicas.
La Fiscalía Especializada Anticorrupción logró esta imputación a un ciudadano, el cual fue detenido en el corregimiento de Betania, el pasado 19 de marzo, haciéndose pasar por inspector de obra para cobrar impuestos.
A este ciudadano igualmente se le aplicó la prohibición de salir del territorio nacional, la notificación periódica, la cual cumplirá una vez se termine la emergencia sanitaria que existe en nuestro país y la prohibición de acercarse a estas construcciones.
De acuerdo con información obtenida, esta persona que fue detenida haciéndose pasar por inspector, es un exfuncionario de la Junta Comunal de Betania y, además, tiene tres casos más acumulados por el mismo delito de usurpación de funciones.
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Estas investigaciones por hechos que se han dado durante la cuarentena del COVID-19, se suman a otras que adelanta el Ministerio Público a personas que han falsificado salvoconductos que emiten las autoridades para poder circular durante la medida de cuarentena.
También la investigación que se lleva a un grupo de personas que fueron captadas en video cuando se metieron a saquear un local comercial en el corregimiento de Curundú, hace una semana.
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