Panamá
La contratación de la firma del abogado personal del presidente Juan Carlos Varela, se hizo sin ningún tipo de concurso o competencia.
Juan Carlos Varela, expresidente de la República de Panamá.
Desde el Ministerio de la Presidencia en el Gobierno de Juan Carlos Varela, de manera ilegal, se armaron todos los procesos contra los funcionarios, empresas y allegados al Gobierno del candidato presidencial, Ricardo Alberto Martinelli.
La firma Saltarín, Arias y Asociados, auditores Jurídicos fue contratada de forma directa para recopilar material probatorio para interponer querellas contra estos exfuncionarios públicos y empresas.
Por esta labor, dicha firma de abogados recibió el pagó de $385 mil 200 y como parte de su labor realizó 153 reuniones con 29 instituciones, entre las que se destaca el Consejo de Seguridad, con quien registraron 25 encuentros.
Hay que destacar que dicho contrato de la firma del abogado personal de Varela se hizo sin ningún tipo de concurso o competencia.
Incluso, Saltarín usurpó funciones públicas porque no tenía la investidura para realizar este tipo de investigaciones, esto aunque después la Procuraduría de la Nación le dio legitimidad a estas actuaciones.
Cabe indicar que si estos casos no fueron investigados por el Ministerio Público (MP), la validez de los mismos es cuestionada.
La contratación de la firma de Saltarín, quién coincidió con los cuatro meses en que la exprocudarora Kenia Porcell, laboró en el Consejo de Seguridad, como asesora, es algo pecaminoso que vicio todos los procesos por prejuzgamiento. Es evidente que Porcell en el Consejo de Seguridad estaba viendo temas que después fueron judicializados por ella cuando dirigió el MP.'
385
mil 200 dólares se le pagó a la firma de Rogelio Saltarin por armar estos procesos.
153
reuniones realizó está firma de abogados con 29 instituciones del Estado.
Es más, muchas de estas reuniones con el aparato de inteligencia del Estado, concurrieron miembros de otras instituciones como la UAF, la Autoridad de Aseo, la DGI y el antiguo PAN.
Hay que resaltar que se atribuyeron funciones que solo se le atribuyen a la Procuraduría de la Nación como lo son la presentación de testigos y negociar penas a cambio de cooperación con la justicia. Algo muy preocupante, ya que particulares irrumpieron en actividades institucionales, esto para presentar una visión sobre algunos casos.
Esto que hicieron se llama "violación de normas fundamentales en materia penal y procesal penal".
Entre los casos que se armaron a través de este esquema están: "Granos" donde se dio una coordinación para la presentación de testigos protegidos , "Tocumen", "Riegos de Tonosí", así como los proyectos para la construcción de cinco hospitales y 20 Minsacapsis.
También la elaboración de una querella contra Emma Reyes, ex directora de la UAF, denuncia a Giselle Burillo, ex ministra de Ampyme, Sonia Luzcando, ex directora Ifharu.
Con este esquema, también se le abrieron procesos a Luis Cucalón, exdirector de la DGI, la excontralora general de la República, Gioconda de Bianchini (Q.E.P.D.) el ministro de Salud, Franklin Vergara, el empresario Mayer Mizrachi y Yunito Vega.
Igualmente, se hicieron sumarios de averiguación por denuncias anónimas presentadas contra ex funcionarios que fueron trabajadas por las Fiscalías Anticorrupción del MP.
No conformes con esto, hicieron la coordinación para la presentación de testigos protegidos en el caso del PAN, para el de la DGI y la contratación de cuñas publicitarias, actividad en la que participaron directamente el ministro de la Presidencia, el Consejo de Seguridad Nacional, la ex procuradora Kenia Porcell.
Además dentro de estos procesos se contó con la participación de diversos directores de entidades autónomas y semiautónomas, en los que se tuvo la participación de la firma Saltarín, Arias y Asociados.
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