Jubilaciones de la CSJ siguen en la mira de los panameños

Casi una semana ha pasado desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció la suspensión parcial del Acuerdo No. 407 que crea un fondo de compensación por retiro para jueces y magistrados del Órgano Judicial y aún no se publica en Gaceta Oficial, por lo tanto, el beneficio se mantiene como fue ideado hace más de un año, pese al rechazo generalizado de la sociedad.

Esta falta de empatía mantiene en alerta a los ciudadanos buscando cualquier manera de frenar lo que han catalogado como un “irrespeto” a la situación socioeconómica y desempleo que enfrenta el país, por ello, además de presentar demandas de inconstitucionalidad contra dicha jubilación, se invocó al Pacto de Estado por la Justicia para que analice el impacto de este beneficio. 

El abogado y diputado Ernesto Cedeño solicitó a la procuradora de la Administración, Grettel Villalaz de Allen, reactivar de manera “urgente” el Pacto de Estado por la Justicia para que evalúe los efectos que ha producido la decisión de la CSJ en la sociedad.

Cedeño sostuvo en la misiva que este acuerdo patentiza un ingreso vitalicio que nada tiene que ver con la independencia judicial; al contrario, erosiona el sistema, causando un efecto dominó que faculta a otros entes públicos de igual jerarquía constitucional a optar por este tipo de programas. 

Reiteró que, a su juicio, esta decisión produce privilegios injustificados y censurados por la Carta Magna; por lo tanto, instó a la Procuraduría a emitir sus recomendaciones de manera inminente para obtener una rectificación de los magistrados.

La funcionalidad del Pacto de Estado por la Justicia ha sido un tema muy cuestionado los últimos días, por ello, su injerencia en este caso es crucial para demostrar que sigue siendo una herramienta “útil” para garantizar la transparencia y eficiencia del sistema de justicia. 

Las críticas hacia este organismo se centran en que su proceso de preselección a aspirantes de la CSJ no garantiza un concurso “verídico” por los puestos, ocasionando que sus elecciones no sean percibidas como confiables. 

El presidente José Raúl Mulino ha mencionado en varias ocasiones que no utilizará este pacto en sus próximas designaciones porque ha quedado evidenciado que “no sirve”. En su lugar, tomará la decisión unilateralmente como le permite la Constitución. 

“El pacto de Estado por la Justicia nació muerto y ahí se va a quedar”, subrayó en uno de sus conversatorios semanales. 

Esta opinión coincide con la de diversos expertos en Derecho que consideran que utilizar esta herramienta ha fragmentado la credibilidad del sistema de justicia, misma que podría recuperarse exigiendo que se eliminen definitivamente las jubilaciones especiales de los jueces y magistrados de la Corte.