Panamá
Luego de su segunda absolución por el mismo proceso, la pregunta que surge es si aquellos funcionarios que se prestaron para esta persecución deben responder penal y civilmente por los actos cometidos.
Ricardo Martinelli fue juzgado dos veces por el mismo caso. Foto: Archivo
La persecución en contra del expresidente Ricardo Martinelli, absuelto en dos ocasiones en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, le costo al Estado panameño millones de dólares y un desgaste al sistema de justicia nacional.
Martinelli, a quien le tocó vivir una dura persecución que inició en el Gobierno de Juan Carlos Varela y sus más cercanos colaboradores, fue víctima de un proceso político, incluso en el cual intentaron acabar con su vida en tres ocasiones, cuando se encontraba detenido.
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Además de esto, el gasto millonario que le ha costado al Erario Público, en aspectos como la extradición y los trámites que se hicieron en Estados Unidos para ello, más el pago de unos siete fiscales en dos juicios. Sumado a esto, está el pago millonario en salarios al testigo protegido, Ismael Pittí Branda, el cual fue nombrado en un alto cargo en los Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pittí actualmente sigue nombrado en la OEA donde mensualmente cobra más de 12 mil dólares, solo por sacar copias, informó en su momento una fuente de este organismo internacional.
Hasta la fecha, Pittí ha devengado más de un millón de dólares en salarios, desde el año 2014 hasta la fecha, con su nombramiento en los Estados Unidos.
En el caso del Ministerio Público, los fiscales le costaban al Estado panameño cerca de 50 mil dólares mensuales.
Luego de su segunda absolución por el mismo proceso, la pregunta que surge es si aquellos funcionarios que se prestaron para esta persecución deben responder penal y civilmente por los actos cometidos.'
Luego de la lectura del sentido del fallo donde se declaró absuelto a Martinelli de los delitos de interceptaciones ilegales de comunicaciones y de seguimiento y vigilancia de manera ilegal, el próximo 24 de noviembre se dará la lectura del fallo total por parte del Tribunal.
Igualmente está el caso de los exmagistrados Harry Díaz y Jerónimo Mejía, quienes avalaron llevar a Martinelli a un proceso legal sin haber sido imputado, es decir sin comunicarles cuáles serían los delitos por los que sería investigado para permitirle ejercer su debida defensa.
También hay quienes han indicado sobre la responsabilidad de los fiscales del Ministerio Público, los cuales, a pesar de que sabían que las evidencias uti lizadas contra el exgobernante habían sido creadas por Rolando López Pérez, desde las oficinas del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), decidieron continuar con el segundo juicio.
Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Dionisio Rodríguez, existe una responsabilidad civil del Estado panameño por todo el proceso que le tocó vivir al expresidente Martinelli, incluso acciones civiles contra los funcionarios y las personas que él considera que se vieron envueltos en este proceso que enfrentó por más de siete años, tanto en Panamá como en los Estados Unidos.
Incluso, el exgobernante pudiera presentar acciones internacionalmente, si así lo quisiera, resaltó el jurista.
"La legislación, tanto penal como civil, le dan la facultad para reclamar penalmente por lo que sufrió cuando estaba detenido y ahora que resultó absuelto, además civilmente por todos los perjuicios que haya sufrido en este caso", dijo.
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