El expresidente Ricardo Martinelli interpuso en la tarde de ayer una querella penal contra la exdirectora de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gina López de Candanedo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los servidores públicos.

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La querella penal fue interpuesta ante el Ministerio Público (MP) en el edificio Avesa, por el jurista Luis Eduardo Camacho G., como representante legal de Ricardo Martinelli.

La querellada, supuestamente, usurpó las funciones atribuidas exclusivamente al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Nacional (AN), cuando emitió un documento con el cual se modificó el tratado de extradición de Ricardo Martinelli, entre Panamá y los Estados Unidos.

Las conversaciones contenidas en los Varelaleaks dejaron en evidencia el plan ideado entre el entonces presidente Juan Carlos Varela y el exembajador Emanuel González Revilla, de darle un golpe letal a Ricardo Martinelli, el cual se dio cuando utilizaron a la querellada para emitir la nota A.J.MIRE-2019-07259 del 9 de abril de 2019, con la finalidad de permitir excepciones al Principio de Especialidad por el cual fue extraditado Ricardo Martinelli.

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"Esta servidora pública usurpó atribuciones del presidente, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asamblea Nacional, y en una nota aprobó una modificación al Tratado de Extradición de 1904. Eso constituye un abuso de autoridad y también una usurpación a una función constitucional asignada a otros órganos distintos", explicó Camacho G.

En la documentación de la querella, consta que se han realizado investigaciones exhaustivas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, para determinar si Gina López contaba con los poderes para ejecutar este tipo de acciones.

No obstante, se logró comprobar que no existía autorización por parte de quienes ejercieron como ministra y viceministro de esta cartera, para comprometer al Estado.

En este sentido las acciones cometidas por López deben ser analizadas desde la óptica del artículo 18 de la Constitución Política, el cual establece que los servidores públicos son responsables de la infracción de la Constitución, la ley y por extralimitarse en sus funciones.

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De igual manera la defensa de Martinelli exige se investigue y se sancione penalmente a López, por haber incurrido en actuaciones que encajan dentro del tipo penal.

En cuanto a la reparación civil, se fijó de manera provisional la suma de $2 millones por los perjuicios ocasionados en contra de Martinelli.

Sin embargo, esta suma puede aumentar en el transcurso de la investigación.

Como parte de las solicitudes de práctica de diligencia, los querellantes pidieron se reciba a Martinelli y al abogado Sidney Sittón para que rindan declaratoria.

Además, se realizó la solicitud para que se le practique un peritaje a Martinelli, por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, específicamente en las especialidades de psicología y psiquiatría, a efectos de dejar constancia de afectaciones personales, familiares y económicas ocasionadas por el actuar de Gina López.

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