María Eugenia López insiste en su blindado y pide reconsideración a la DGCP

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, insiste en la contratación de un auto blindado para sus desplazamientos, frente a lo cual envió una nota de reconsideración al director general de Contrataciones Públicas, Javier Marquínez.

López denuncia supuestas irregularidades de parte de la DGCP, las cuales a su criterio llevaron a que la solicitud se devolviera sin trámite. Una de ellas sugiere que Panamá América obtuvo acceso al documento DGCP-DS-DIPEC-659-2025, en el cual se devolvía la solicitud sin el trámite requerido.

Según López, esta publicación se realizó a las 3:59 p.m. del 21 de abril en el portal Panamá Compra y en el portal digital de Panamá América se habría hecho a la 1:15 p.m., supuestamente más de dos horas antes, lo cual es falso.

La publicación sobre el rechazo del blindado a María Eugenia López se creó en la tarde del 22 de abril, un día después de la publicación de la DGCP, y su última actualización se hizo a las 8:06 p.m. de ese mismo día.

El lunes 21 de abril, a la 1:15:29 p.m. se realizó la publicación “Presidenta de la CSJ evita hablar sobre alquiler de vehículo blindado por más de 70 mil dólares”,  la cual en ningún párrafo menciona la devolución sin trámite.

La noticia sí habla de montos inferiores, como la oferta de $27,000 facilitada por otra empresa local, lo cual forma parte de las prácticas de consulta realizadas durante la elaboración de una nota periodística y nada tiene que ver con información de la DGCP.

Este dato también aparece en la nota impresa del lunes 21 de abril. Es decir, el dato forma parte de una iniciativa propia del periodista sobre consultar la oferta en el mercado local para enriquecer la nota, hacer comparaciones y aportar valor agregado y no de una filtración, como sugiere la magistrada.

Por otro lado, López también denunció que la DGCP canceló el  procedimiento excepcional de contratación, es decir cerró el expediente digital, sin que el Órgano Judicial pudiera exponer su criterio.

López recalca que el riesgo para la satisfacción de los intereses del Estado, invocado por el Órgano Judicial,  está relacionado con el incidente que puso en  peligro la seguridad del despacho oficial de su representante legal y que ameritaba  contratar el servicio de alquiler de un vehículo blindado.

En este sentido, la magistrada cuestiona que la devolución sin trámite se haya fundamentado en que en el mercado hay ofertas más bajas, aduciendo que  las empresas cotizan a un precio más bajo a las personas regulares que al Estado.

El alquiler del vehículo blindado es por el orden de $70,620.00. Las especificaciones del automóvil solicitado son: Cadillac Escalade Suv Blindado color negro con capacidad para 6 pasajeros, protección balística contra impactos múltiples de diversos tipos de armamentos, llantas de alto rendimiento, paneles balísticos y cristales, y aislamiento acústico y térmico.

Según la Corte, después del atentado es indispensable que se tomen medidas para minimizar vulnerabilidades, garantizando la movilidad de López con el nivel de resguardo necesario, por ello, ese mismo día (31 de enero) se realizó la cotización del servicio por un periodo de 30 días, es decir, hasta el 1 de marzo de 2025.