Orden de alejamiento y visitas de la policía a albergue de Tocumen
Estas medidas de protección a los menores del Centro de Atención Integral de Tocumen se han venido aplicando desde la semana pasada.
El pasado 5 de febrero, la diputada Alexandra Brenes realizó la visita al albergue de Tocumen que ha generado este nuevo escándalo. Archivo
El procurador general de la Nación ha dictado varias medidas de protección a los menores que se ubican en el Centro de Atención Integral de Tocumen.
Ledye Machuca, fiscal superior de Familia, precisó que efectivos de la Policía Nacional realizan rondas periódicas y visitas al albergue y tiene el deber de prestar auxilio en el caso que se requiera.
De igual forma, se han expedido orden de alejamiento a las personas señaladas y que, de alguna manera, tienen algún tipo de contacto con los menores, para garantizar la vida y seguridad de los menores.
Machuca precisó que de la primera inspección que realizó el Ministerio Público al CAI de Tocumen, se lograron recolectar algunos indicios que, en su momento, se valorará si sirven o no para acreditar la comisión de un ilícito.
Todas estas acciones se han aplicado desde que la diputada Alexandra Brenes presentara una denuncia en la sede de la Procuraduría General de la Nación por anomalías detectadas en una visita que realizó la semana pasada al albergue.
Además del Ministerio Público, la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), aprobó el lunes pasado conforma una comisión interinstitucional que dará seguimiento a la denuncia de la diputada.
Citación
Este jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó citar a la ministra de Desarrollo Social (Mides), Beatriz Carles de Arango, para que comparezca a responder un cuestionario relacionado con la situación de los albergues bajo el amparo de la Senniaf.
En el cuestionario de 42 preguntas, se pide a la ministra dar detalles sobre los estándares físicos, estructurales y técnicos que, conforme a la normativa vigente, deben cumplir los albergues de niños, niñas y adolescentes en riesgo social.
A su vez, se le solicita información en torno a cuantos albergues no cumplen con dichos estándares, además de detallar que centros de atención tienen más de un grupo etario y desglosarlo por provincias y comarcas.
También, se pide que explique si existen protocolos institucionales que prohíban, expresamente, castigos físicos, psicológicos, encierros, aislamientos, humillaciones u otras medidas disciplinarias, contrarias al interés superior del niño.
Los diputados también formularon interrogantes sobre las denuncias por castigos indebidos, encierros en cuartos, aislamiento u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que se han recibido desde julio de 2024 a la fecha.
Además, piden conocer cuantas investigaciones administrativas sobre albergues han sido remitidas al Ministerio Público, a la fecha.