Judicial
La querella contra Zuleyka Moore, quien fue sacada del expediente del caso Odebrecht por el procurador de la nación, Eduardo Ulloa, es por el posible delito contra la libertad individual.
El abogado Roberto Ruíz Díaz, en representación del empresario ecuatoriano, Fredy Barco Vera, quien fuese detenido ilegalmente dentro del caso Odebrecht, le pidió al procurador general, Eduardo Ulloa, que solicite ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una audiencia para imputarle cargos a la fiscal Zuleyka Moore.
Esta solicitud se hace luego de que Ulloa admitiera una querella penal en contra de Moore, luego de que el Pleno de la CSJ falló a favor de Barco Vera un habeas corpus, en el cual se dejó plasmada la ilegalidad de su detención.
El jurista indicó que no hay razón alguna para que se retrase y no se proceda ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, a la formal imputación de cargos a Moore, toda vez que se tienen suficientes elementos para hacerlo.
Agregó que el Ministerio Público tiene las evidencias claras del caso, como es la persona vinculada al delito y el tipo de conducta penal comprobada, bajo la agravante de que fue cometido por un servidor en ejercicio del cargo.
Añadió que igualmente el MP tiene los elementos de convicción y prueba sumaria en este proceso, como lo es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que decretó la ilegalidad de la orden de detención emitida contra el empresario ecuatoriano. También indicó que existió dolo en dicha orden de Moore, ya que fue emitida a sabiendas de que se encontraba fuera del término de investigación.
Algo que quedó claro, ya que la querellada había solicitado prórroga, pues sabía que el 25 de abril de 2019 era el último día para investigar, incluso emitió la orden cuando tenía una negativa del Juzgado Duodécimo para prorrogar los términos de investigación, dijo.
"Es decir, se actúo en todo momento con conocimiento de que lo que se hacía era ilegal y lo que es peor, se ordenó porque no fue algo voluntario, a otros funcionarios de la fiscalía, que hicieran un informe de secretaría donde se aducía que los términos no terminaban el 25 de abril de 2019, porque había feriados y días libres en el transcurso del mismo", explicó.
Las presuntas ilegalidades cometidas por la funcionaria y que fueron denunciadas por el defensor, se dieron porque giró una orden de providencia en contra del empresario el último día que tenía para investigar el caso Odebrecht, es decir, el día 25 de abril de 2019.
Moore emitió una providencia de indagatoria, la cual no le fue notificada para que este pudiera preparar sus descargos y ejercer su derecho a la defensa, como lo estipula el artículo 32 de la Constitución.
Quince días después de que se venció el término de investigación, la Fiscalía Especial Anticorrupción, bajo el mando de Moore, siguió actuando sin mayor control judicial.
Ruíz Díaz enfatizó que a raíz de la orden de detención emitida por Moore en contra de su representado, se enviaron oficios a la Policía Nacional, al Servicio Nacional de Migración y a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), que debieron quedar sin efecto en febrero pasado, esto luego con el fallo del Pleno de la Corte donde se dejaron claras las ilegalidades cometida por la fiscal Moore.
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Contrario a esto, dichos oficios se mantuvieron hasta octubre pasado, lo que según el defensor, siguió causándole perjuicio al empresario ecuatoriano.
"Al no haber sido dejados sin efecto dichos oficios, lo mantuvieron registrado en el sistema del "Pele Police", así como en el registro en el Servicio Nacional de Migración, esto como si fuera una medida cautelar", puntualizó el jurista.
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