Panamá
Han pasado cerca de dos meses desde que la ONU declaró ilegal y ordenó la liberación de Cort y García, y Panamá no cumple con este mandato.
El abogado Basilio González solicitó al procurador general de la Nación, Javier Caraballo, una investigación contra, al menos, siete fiscales, luego de que el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, declarara ilegal la detención de Mauricio Cort y García, declaración que Panamá aún no ha acatado.
En una nota remitida al jefe del Ministerio Público (MP), el jurista defensor de Cort y García pidió a Caraballo que inicie una investigación contra los fiscales Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling, Elvis Coronado, Thalia Palacios y Nitzia Aispud.
Igualmente, el letrado solicitó tomar las medidas pertinentes contra los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos de su representado.
La solicitud de esta investigación contra los fiscales se da luego de que el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas remitiera el caso de Cort y García al relator especial sobre independencia de jueces, fiscales y abogados, para que tome las medidas correspondientes del caso.
Dentro de la nota, enviada a Caraballo, se le comunicó que el Grupo de Trabajo declaró arbitraria la detención de Cort y que la misma contraviene los artículos 3,8,9,10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2,9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados suscritos y ratificados por Panamá.
En su decisión, el Grupo de Trabajo de la ONU ordenó poner inmediatamente en libertad al también abogado y concederle el derecho a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, esto de conformidad con el Derecho Internacional.
Además, le solicitó al Estado panameño adoptar las medidas necesarias para remediar la situación de Cort y García sin dilación.'
14
de marzo la defensa de Cort envió la nota al procurador Javier Caraballo.
24
de marzo se le envió la nota a la magistrada López con copia a los otros ocho magistrados.
Adicionalmente, la ONU instó al Gobierno panameño a realizar una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación del abogado y adopte las medidas correspondientes contra los responsables de las violaciones de sus Derechos Humanos.
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Además de la nota enviada al procurador Caraballo, la defensa de Cort y García también envió una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López, con copia a los otros ocho magistrados que componen esta corporación.
Esta nota, al igual que la enviada al jefe del MP, tenía como objetivo poner en conocimientos a las autoridades panameñas sobre la decisión de la ONU, así como por la inacción de la Cancillería, entidad que fue debidamente comunicada de esta decisión el pasado 1 de febrero.
El abogado González indicó que el pasado 9 de febrero pidió a la Cancillería que notificara a la CSJ sobre la decisión de la ONU, sin embargo, nunca recibieron una respuesta.
"Esta inactividad solo agudiza la situación del Estado panameño frente a un organismo internacional. Así como agrava, el daño incalculable a Mauricio Cort y García, cuya privación de libertad ha sido declarada arbitraria, dentro de un proceso al que ambas parte se sometieron (Estado y Mauricio Cort y García), cuya decisión no ha sido ejecutada por el Estado panameño", explica parte de la nota enviada a la magistrada presidenta.
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Esta nota es enviada a la Corte porque el mismo está bajo órdenes del Juzgado Segundo Liquidador.
"El incumplir con la decisión de la ONU agrava la situación de Estado panameño que lo conformamos todos", dijo el defensor.
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