Panamá
El presidente recibe críticas de abogados y la sociedad civil debido a su instrucción para que la Senniaf y el Mides sean querellantes.
Laurentino Cortizo, presidente de la República de Panamá. Archivo
Una lluvia de críticas ha recibido el presidente Laurentino Cortizo tras instruir a la Senniaf y al Mides a constituirse en querellantes en el escándalo de los albergues, debido a que esto sería improcedente jurídica y moralmente.
Ayer, la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo y la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Mayra Inés Silvera, siguiendo instrucciones de Cortizo, acudieron al Ministerio Público para constituirse como querellantes, lo que generó diversos cuestionamientos.
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Una pregunta dejó muda a la ministra. ¿Cómo usted puede ser querellante, si usted como miembro de la Junta Directiva del Senniaf tenía que garantizar que estas cosas no pasarán?
Castillo enmudeció y su asesor legal trató de defenderla, sin contestar directamente lo que se le preguntó.
Para Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, la ministra del Mides y la directora de la Senniaf no pueden constituirse en querellantes, porque son parte procesal dentro de los hechos que tienen que ser investigados.
"Todo lo hecho por ellas como directivas y que efectivamente deben resguardar a los menores de edad involucrados, también van a tener que ser investigados desde el punto de vista de negligencia e imprudencia, es decir, el hecho de que a ellas les correspondía manejar y supervisar cada uno de los albergues", explicó.
Rodríguez agregó que en razón de esto, ninguna de las dos funcionarias puede ser querellante.'
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iniciativas de ley hay actualmente en la Asamblea Nacional para protección a los menores de edad.
"Yo creo que es un desatino del presidente de la República, creo que no está bien asesorado y bajo ese concepto lo que yo creo es que se debe iniciar una investigación contra todos, a fin de determinar las responsabilidades debidas y determinar quiénes, efectivamente, ya sea de forma directa están involucrados, o incluso por culpa", enfatizó el jurista.
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De acuerdo con el expresidente del CNA, la investigación se debe hacer porque se está frente a delitos que tienen que ver con la niñez y con asuntos muy importantes para la sociedad panameña.
A su juicio, este caso debe ser manejado por el Ministerio Público a través de una investigación íntegra, con transparencia y en la que se involucre a todos los que tienen que ver de una u otra manera con la supervisión de cada uno de estos albergues.
"Ellos (el Mides y la Senniaf) son parte procesal desde el punto de vista de que si ellos tenían conocimiento de todo debieron analizarlo y supervisarlo", sentenció Rodríguez.
El abogado indicó que esa querella no debe ser admitida y debe tomarse como una denuncia y "al final de todo hasta el denunciante ser investigado como tal".
Otro de los que reaccionó ante fue el diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien manifestó que el presidente luego de estar en silencio por varios días por el tema de los albergues dio instrucciones que son "inmorales" e "ilegales".
"La Senniaf y el Mides, como responsables por ley y por decreto de la supervisión de los albergues a nivel nacional, no pueden constituirse como querellantes, porque el Código de Procedimiento Penal, que seguramente el presidente nunca se ha leído y que hoy quedó claro que la ministra jamás ha revisado, dice en su artículo 79 y 83 quiénes pueden ser querellantes", explicó.
Vásquez señaló que el Estado no es víctima, porque no se está ante un delito difuso, ni colectivo, ya que se sabe quiénes son las supuestas víctimas.
Además de esta situación que se ha dado, el diputado agregó que el presidente tampoco ha podido investigar lo que el expresidente Juan Carlos Varela, hizo o dejó de hacer.
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"Le echa la culpa como responsable de otras cosas y no las ha podido investigar, si el primero que quiere ver preso a Juan Carlos soy yo y ver lo que han hecho los otros gobiernos, pero el presidente no ha tenido la valentía para eso", puntualizó.
La tarde de ayer, el procurador, Eduardo Ulloa, aseguró que se investigará y se buscará el castigo para los responsables de los abusos en los albergues de menores regentados por el Estado y para los que omitieron estas fallas.
Ulloa agregó que tiene el compromiso y la determinación de realizar estas investigaciones con la mayor objetividad y celeridad posible, garantizando a la ciudadanía que la mismas van a dar como resultado la acreditación de aquellos hechos punibles que existan o se hayan dado en los albergues del país.
Explicó que su investigación irá más allá del informe que presentó la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional y que reveló el abuso efectuado en 14 albergues del país subsidiados por el Estado.
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