Reabren caso del padre Héctor Gallego, desaparecido en 1971 durante la dictadura
El padre desapareció de su residencia de manera forzada, y no se conoció más de su paradero.
La figura del padre Gallego es apreciada en Panamá. Foto: Grupo Epasa
La Procuraduría General de la Nación (PGN, Fiscalía) de Panamá informó este miércoles que reabrió la investigación por la desaparición en 1971 en el régimen militar (1968-1989) del cura de origen colombiano Héctor Gallego, "después de 31 años de estar cerrada la causa".Un comunicado de la PGN indica que las pesquisas por "la desaparición forzada del sacerdote Jesús Héctor Gallego Herrera", fueron retomadas por la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de la provincia central de Veraguas, luego de la solicitud presentada ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.Todo esto, según la información, "basado en las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera al Estado Panameño".Añade también que "de acuerdo con las conclusiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (de Panamá), la causa se encuentra vigente en el tiempo de forma permanente y continuada hasta que se puedan ubicar los restos humanos del Padre".De igual forma, precisa que dentro de las recomendaciones de la CDIH está, entre otras, la de "investigar esto por medio de un plan de búsqueda, además, continuar con la debida diligencia en los procedimientos internos".La PGN recordó que estos hechos se dieron en el norte de Santa Fe, en Veraguas, "un 9 de junio del año 1971, cuando el padre desaparece de su residencia de manera forzada, y no se conoce más de su paradero".Por su desaparición, ocurrida en el régimen del general Omar Torrijos -muerto en un accidente aéreo en 1981- se juzgó en 1993 y condenó a 15 años de cárcel al excoronel Nivaldo Madriñán, al excapitán Melbourne Constantino Walker Nevans y al exteniente Eugenio Nelson Magallón Romero, este último prófugo.Gallego, nacido en un pequeño pueblo del departamento colombiano de Antioquia (noroeste) en 1938 y desaparecido en 1971, llegó a Panamá con una misión concreta: dignificar a los explotados campesinos, lo que enseguida le enemistó con los terratenientes de la zona, que le acusaron de comunista y entre los que había familiares lejanos del general Omar Torrijos.Su nombre aún resuena en las montañas de Santa Fe, donde los agricultores siguen organizados en torno a la cooperativa que él mismo fundó.Héctor Gallego es una de 110 víctimas identificadas oficialmente por una comisión de la verdad que investigó la dictadura panameña, que comenzó en 1968 con un golpe militar y acabó en 1989 con una cruenta invasión de Estados Unidos, aunque se cree que hay bastantes más desaparecidos.Edilma, una de las hermanas del misionero, aseguró en su momento a EFE que su asesinato fue una "conspiración del poder" y que los militares panameños hicieron ver al Gobierno colombiano de entonces que Gallego era un guerrillero que quería armar a los campesinos para que no reclamaran responsabilidades.Ella lleva más de dos décadas residiendo en Panamá en su afán de buscar darle sepultura a su hermano, cuyos restos nunca han sido encontrados.El Estado de Panamá se comprometió a pagar poco más de 11 millones de dólares a 15 víctimas de la dictadura militar (1968-1989), según lo establecido por la CIDH y aceptado por las partes en un acuerdo de solución amistosa, según informaron en 2022 fuentes oficiales.El Ejecutivo panameño "se comprometió y autorizó como parte de la deuda nacional, la indemnización de 15 víctimas descritas en el punto 3 del Acuerdo de Solución del caso 13.017-C admitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), reconociendo la responsabilidad sobre los hechos ocurridos a las víctimas", dijo un comunicado oficial de la Contraloría de Panamá.El pago fue decretado "conforme a los criterios desarrollados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la indemnización de víctimas apresadas, maltratadas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas".En un informe de solución amistosa del caso 13.017C, emitido en junio de 2019, la CIDH explicó que el proceso fue planteado en octubre de 2003 por el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (COFADEPA-HG) y del Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (COFADECHI).