Rogelio Saltarín, conectado a la Fundación Don James

La plataforma de persecución judicial que inició Juan Carlos Varela empieza a tomar sentido, a medida que se revelan las figuras clave de esta estructura que habría utilizado información privada y bancaria para estructurar auditorías e investigaciones que podrían ser ilegales.

Rogelio Saltarín manejó asuntos personales de Varela antes de que fuera presidente.

La figura del abogado Rogelio Saltarín es una de estas piezas clave que ponen al descubierto el pasado y la forma como se estructuró un plan de venganza a la medida del presidente Varela, con la participación directa del jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, y la procuradora Kenia Porcell.

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Pero, a diferencia de López y Porcell, Saltarín era una persona que manejó asuntos personales de Varela antes de ser presidente, entre ellos su conexión con la polémica Fundación Don James, la cual habría recibido dinero de dos consulados controlados por Varela hasta 2011, y de Odebrecht, en 2017.

Se trata de la misma fundación señalada de ser una de las plataformas financieras de la campaña presidencial de Varela y otras actividades privadas, como compra de terrenos y bienes de lujo.

Incluso, una de las representantes de esta fundación fue procesada por blanqueo de capitales en Estados Unidos, en 2014.

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Ese fue el mérito que le permitió a Saltarín hacerse, al inicio de la gestión de Varela, de un contrato de asesoría por 385 mil dólares con el Ministerio de la Presidencia, a través de su firma de abogados Saltarín, Arias & Asociados, Auditores Jurídicos.

Su trabajo fue coordinar con los designados en varias instituciones, como Tocumen S.A., Autoridad Marítima de Panamá, Caja de Ahorros y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la estructuración de expedientes y la presentación de denuncias contra figuras del gobierno de Ricardo Martinelli.

Documentos presentados esta semana por varios medios de comunicación escritos revelan el detalle de las reuniones que realizó Saltarín con entidades del Gobierno y la propia procuradora Porcell.

Saltarín no es un profesional aislado a los intereses de Varela. En 2014 se convirtió en el abogado de Jaime y Michelle Lasso, cuando el diario Las Américas, de Estados Unidos, reveló que más de 20 millones de dólares se habrían triangulado a través de la Fundación Don James.

Esto incluía transferencias de los consulados de Kobe, en Japón, y Corea del Sur, entre 2009 y 2011, ambos controlados por Varela, mientras fue canciller en el gobierno de Martinelli.

Incluso, el propio presidente de la Don James, Jaime Lasso, era en ese entonces cónsul en Corea del Sur y Alberto Aristides Arosemena, el cónsul de Kobe.

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La investigación también reveló que fue Michelle Lasso la que hizo el primer pago del yate de 2.4 millones de dólares, que se había comprado Varela, luego de que salió como canciller de la República.

Para ese entonces, en Estados Unidos Lasso fue procesada y condenada por un caso de desvío de fondos de apuestas ilegales, pero quedó libre, tras un acuerdo de colaboración.

Una vez Varela ganó las elecciones en 2014, no se conoció más del caso de la Fundación Don James hasta que en 2017, el propio Lasso se vio obligado a declarar ante una fiscalía que recibió más de 700 mil dólares de la empresa Odebrecht, que fueron a financiar la campaña de Varela.

Un informe de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) señala que fueron 20 millones de dólares los que habría recibido la fundación de Odebrecht.

Ante el hecho, Porcell salió a defender su postura de no investigar este caso, porque a su criterio el expediente ya había sido cerrado por su antecesora, Ana Belfon, un hecho que la exprocuradora negó.

Vínculos

El vínculo entre Porcell y Saltarín data de mucho antes de haber asumido la misión de persecución en la administración Varela.

En 2011, Saltarín designó a Porcell como su abogada sustituta en un caso por la presunta comisión de delitos contra el patrimonio económico y la fe pública contra la empresa Escribano Properties de R.L., revelan documentos oficiales.

Igualmente, Porcell ya conocía a Rolando López antes de haber asumido su primer cargo en el actual Gobierno, como secretaria del Consejo de Seguridad.

Porcell era profesora en una maestría de derecho que tomaba en 2014, López.

Por esa conexión, López terminó invitando a Porcell a trabajar en el Consejo de Seguridad y más tarde queda siendo la procuradora, tramitando los expedientes que ella misma ayudó a armar desde una estructura calificada de ilegal.

En tanto, Saltarín se mantiene hoy día en la lista de 20 aspirantes a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que maneja el Ejecutivo para nombrar a los reemplazos de Oydén Ortega y Jerónimo Mejía.