'Se deben hallar caminos para una reforma judicial'

El presidente José Raúl Mulino no olvidó en su discurso de toma de posesión las fallas que enfrenta el sistema de justicia de Panamá. Y en un gesto simbólico les entregó a los funcionarios judiciales las llaves para que abran de una vez y para siempre los candados que amarraron las decisiones tomadas bajo presión.

Él mismo vivió esas presiones en primera persona, cuando la rota institucionalidad iba por cabezas y no por justicia, arrasando a su paso con el pueblo.

"Esa herramienta de opresión y judicialización del Estado persiste y tiene a muchos aún luchando por no perder su libertad", recordó.

Para Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, estas palabras deben interpretarse como el entendimiento que tiene Mulino acerca de la separación de poderes, pero también que la justicia tiene tareas pendientes, que acentúan las fallas del sistema.

Desde su óptica, tales debilidades propician la intervención del Órgano Ejecutivo en los problemas y defectos del Órgano Judicial, porque se trata de políticas públicas que a lo largo de las últimas décadas no han sido atendidas.

"En este momento el tema de políticas públicas, desde el Ejecutivo, implica una intervención total que consiste en diseñar, modificar y reestructurar lo que tiene que ver con el funcionamiento de juicios, procesos y justicia que reciben los ciudadanos", dijo Araúz.

El abogado recalcó que no se debe confundir el abordaje de estos temas con independencia judicial, que es otro asunto.

Para Araúz se deben encontrar los caminos, dentro de la institucionalidad, es decir lo permitido por la Constitución, para presentar nuevas propuestas que deriven en una gran reforma judicial y transformación que ataque temas puntuales como la interinidad de jueces y fiscales, su régimen disciplinario, además del funcionamiento de procesos.

Araúz precisó que el momento para estos cambios es ahora debido a que de lo contrario se perdería una oportunidad valiosísima para derribar todas las estructuras que han causado tanto daño a la valoración de la justicia, vista por la sociedad como subjetiva.

A su juicio, en un país presidencialista, el liderazgo para comenzar esos cambios debe emanar de la cabeza. Considera que el presidente debe iniciar con ese reconocimiento absoluto de que la justicia es defectuosa, y tras admitirlo, empezar a formular las potenciales soluciones.

"El presidente debe iniciar declarando disuelto el Pacto de Estado por la Justicia, que por más de 17 años no ha dado resultado en transformaciones. Los pactos de Estado no pueden ser perpetuos", dijo.

Este paso, según Araúz, abriría el compás a una plataforma en la que el diálogo por la justicia encuentre consensos y alternativas.

Por otro lado, el catedrático Miguel Antonio Bernal recordó que el presidente Mulino conoce muy bien la importancia que tiene la separación de poderes, aunque será un poco difícil olvidar la "intentona" que hubo de parte de la cúpula de la Corte Suprema para evitar su candidatura.

En esta línea considera que los ciudadanos no deben olvidar esta situación, sobre todo para evitar que se repitan casos similares, a ese y otros niveles.

"Nuestra primera tarea como ciudadanos es tomar acciones para mejorar el sistema. Hay un desmoronamiento provocado por la ausencia de valores y principios éticos en la administración de justicia. El momento para hacer cambios era hace rato, pero estamos esperando que surja mayor voluntad. Creo que con este nuevo gobierno lo podemos hacer", precisó.

Con respecto a la destitución de los fiscales Zuleyka Moore y Adecio Mojica, Bernal recuerda que la Constitución faculta al procurador para hacer las remociones pertinentes, siempre y cuando cumplan con el proceso.

"No hay remoción que no sea de carácter política. La mayoría de los nombramientos lo son y estas fiscales también tuvieron una actuación más política que jurídica", resaltó.

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