Valentín Jaén dijo que muchos abogados serios no se postularán a la lista de aspirantes, pues saben que solo servirían de 'instrumento' o de 'circo de sectores económicos' que presionan en esta elección.
El Ejecutivo amplió las consultas para elegir a 3 magistrados y 6 suplentes para la Corte Suprema de Justicia. Ilustración de Epasa
Diversos sectores jurídicos del país expresan sus dudas sobre la amplitud de consultas que ya anunció el Ejecutivo en el proceso para la elección de los magistrados pendientes en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y temen que detrás de todo persista la figura de los ungidos para el cargo, arropados en un supuesto modelo de transparencia.
Las dudas surgen cuando el presidente Laurentino Cortizo anunció que se despoja de su potestad constitucional para designar a los magistrados y, de cierta forma, se la transfiere al Pacto de Estado por la Justicia.
Incluso, Cortizo dijo que recibiría del Pacto de Estado, "propuestas" de cinco nombres por cada posición pendiente.
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No obstante, una resolución aprobada por el Consejo de Gabinete crea una comisión alterna, que realmente sería la instancia que analizaría las hojas de vida de los aspirantes a magistrados que se postulen.
Por esta razón, el diputado independiente Juan Diego Vásquez advirtió que surgen "contradicciones" entre lo dicho por el jefe del Ejecutivo y la resolución de procedimiento aprobada por su Consejo de Gabinete, pues no queda claro al final de dónde surgirán las "recomendaciones" que se entregarán al presidente Cortizo.
Y en esta línea de dudas, la exdiputada y también excandidata presidencial por la vía independiente, Ana Matilde Gómez, agregó el fantasma del "ungido" que tradicionalmente se han dado en estas importantes designaciones para la administración de justicia.'
- Ser panameño de nacimiento.
- Haber cumplido 35 años de edad.
- Hallarse en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
- Ser graduado en Derecho y haber inscrito el título universitario.
- Haber completado un periodo de diez años durante el cual haya ejercido indistintamente la profesión de abogado, cualquier cargo del Órgano Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Electoral o de la Defensoría del Pueblo que requiera título universitario en Derecho o haber sido profesor en Derecho de enseñanza universitaria.
Entre los cambios a estos requisitos que plantean las reformas constitucionales está aumentar a 45 años la edad mínima y a, por lo menos, 15 años de experiencia abogadil, así como estudios especializados en temas afines a la sala de la CSJ a la que aspira.
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"De verdad, a veces a mí me parece que hay personas que tienen altos estándares, altas competencias, que saben que por lo general esos procesos terminan con personas ungidas, no van a presentar sus papeles... debería haber otro sistema", se quejó Ana Matilde Gómez.
En declaraciones a Telemetro, Gómez indicó que al final, todo lo que se ha anunciado recientemente sobre la elección de magistrados, puede ser más de lo mismo, pues la discusión real debe centrarse en el sistema político, el cual ha colapsado.
"Y mientras nosotros no hagamos ese gran debate, todo lo demás va a salir con el resultado propio de la perversión que tiene el sistema", concluyó.
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Todavía más escéptico se mostró el jurista Valentín Jaén, quien calificó de "maniobra silenciosa" la decisión del Ejecutivo de "ayudarse" con el criterio del Pacto de Estado y de una comisión adicional.
"Puede haber mil pactos de estado por la justicia, pero la Constitución está por encima, y allí se establece claramente la forma y quién elige al magistrado", acotó el letrado.
En este sentido, reiteró que en su opinión, lo que hay es una "maniobra silenciosa de ciertos sectores económicos de la sociedad, para colocar como magistrados a un grupo determinado que responda a sus intereses".
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Valentín Jaén afirmó que con toda la experiencia forense que tiene, "sería incapaz de entrar a este listado para servir de instrumento o circo de sectores económicos".
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