Tráfico de armas: Mirones y DIJ protegieron a Davis

El 9 de septiembre de 2019 la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada abrió un expediente contra Sergio Davis Riera y aprobó darle seguimiento. Esto luego que en un allanamiento coordinado con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) se encontraran 110 armas en una residencia registrada a nombre de Davis, en el sector de Parque Lefevre.

Ello obligó a la fiscalía a formular cargos por delito contra la seguridad colectiva. Sin embargo, a la fecha el Ministerio Público se ha encargado de congelar la investigación y los cargos contra Davis. Pero también desde las estructuras del Gobierno se trató de proteger o encubrir a Davis.

Un informe de inteligencia revela que el entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, llamó al celular del capitán Hernando Martínez para cuestionarlo sobre el allanamiento a la casa de Davis.

Mirones le señaló a Martínez que se trataba de una casa propiedad de la "embajada americana", al tiempo que pidió información de los encontrado en el operativo de allanamiento.

El informe al que tuvo acceso este medio describe que luego de la llamada del ex ministro Mirones, el capitán Martínez recibió la llamada del director de la DIJ, Manuel Castillo, "quien en tono más alterado lo cuestionó por la operación agregando que le iba a trasladar por no haber consultado antes".

Castillo también ordenó a Martínez solo anotar las armas que encontraron, pero que por ningún motivo tocaran ni levantaran nada tecnológico del lugar, refiriéndose a los servidores y computadores o demás dispositivos".

Fuentes afirmaron que la orden trataba de ocultar el hallazgo de una supuesta máquina pinchadora que terminó en la DIJ.'

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de julio de 2019, el director de la DIJ se vio obligado a reportar al jefe de la dirección institucional en asuntos de seguridad pública, Carlos Prosperi.

La documentación recabada y las actividades desarrolladas por la DIJ son parte del expediente que incrimina a Davis.

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El caso trata de un allanamiento en el sector de Santa Elena, Parque Lefevre y en donde se encontraron armas ilegales que serían vinculadas a Sergio Davis, quien se autodenomina agente de información de la embajada de Estados Unidos.

El director de la DIJ se vio obligado a reportar al jefe de la dirección institucional en asuntos de seguridad pública, Carlos Prosperi, el informe de novedad que levando el capital Martínez, así como la cadena de custodia de los revólveres y 8 escopetas encontradas en el allanamiento a la casa de Davis donde también se reportó el domicilio de la empresa Brentwood Logistics and Securitiy Company, según carta incluido en el informe. También se informa que no se encontraron permisos de una parte de las armas.

El reporte de allanamiento habla de un primer lote de 38 armas y otros 72 armas encontradas en diferentes habitaciones, cada una cerrada con puertas de seguridad.

En el lugar solo estaba Lariza Renteria. Fue esta la persona que dijo que quizás las armas que no tenían permisos, era porque tenían desperfecto. Fuentes judiciales afirmaron que el caso fue asignado desde el inicio a una fiscalía que la cual no tiene competencia sobre el delito que se investiga. Con ello se buscaría lograr la nulidad procesal para favorecer a Davis a lo interno del Ministerio Público. Se trata de los fiscales del círculo de Kenia Porcell, primero David Mendoza que el 9 de octubre de 2019 recibió el informe de la diligencia de allanamiento firmada por el capital José Facey.

El caso lo tomó otro fiscal a fin a la ex procuradora Porcell, Emeldo Márquez que desde hace dos años se ha dedicado congelar el expediente bajo la estrategia decretarlo en reserva.

Sin embargo, con todas las evidencias recabadas en el allanamiento, Márquez no ha decretado ninguna medida cautelar contra Davis, la figura principal del caso. Ello ha despertado alertas de encubrimiento de parte del fiscal Márquez con la posible complicidad del procurado Javier Caravallo.

Recientemente, el abogado Kevin Moncada, denunció ante en la Procuraduría de la Administración, que desde el pasado 6 de diciembre de 2019, la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada dispuso ordenar la reserva parcial de las investigaciones.

Moncada destacó que ya en noviembre de 2020, la jueza de garantía Teodolinda Cardoze cuestionó a la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo del fiscal Márquez por no haber realizado imputaciones en ese caso.

"Y a la fecha todavía esta fiscalía no ha realizado imputación alguna. También interpuse la denuncia noticia criminis # 2021 000 58910 denunciado estos actos de corrupción que encubren un delito grave. No se ha hecho nada", añadió el abogado denunciante en su escrito a la Procuraduría de la Administración.

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