Campesinos de Nicaragua celebran la cláusula que cancelaría el canal interoceánico
Los campesinos se han opuesto a la ley creadora del canal desde su aprobación en junio de 2013, ya que ordena la expropiación de sus tierras sin derecho a apelación durante la concesión, que cede las tierras al menos por 50 años.
Las protestas "anticanal", en medio del estallido sociopolítico contra Ortega en 2018, llevaron a prisión a algunos líderes campesinos, mientras que otros huyeron al exilio por amenazas de muerte.
El Movimiento Campesino de Nicaragua celebró este jueves que el Gobierno tiene vía libre para activar la cláusula del Acuerdo Marco del proyecto del canal interoceánico que indica que si sus subproyectos no están concluidos en 6 años a partir de su oficialización, en 2013, puede cancelar la concesión a la firma china HKND.
"Estamos contentos porque el día de hoy el chino (Wang Jing, propietario de HKND Group) sufre una derrota, porque el Gobierno hizo una ley (Acuerdo Marco) con la que pretendía despojarnos de nuestras tierras", dijo el líder del también conocido como Movimiento Anticanal, Medardo Mairena.
Según el Acuerdo Marco, la falta de cierre financiero (conclusión) de cada uno de los subproyectos del canal en un lapso de 72 meses es considerado un "evento mayor desestabilizante", con lo cual el Gobierno puede cancelar la concesión sin asumir consecuencias.
Para que la cláusula entre en vigor, el Gobierno tiene que invocarla, lo que no ha ocurrido, y notificarla a la contraparte.
Los 72 meses se cumplen este jueves, 6 años después de su puesta en vigor, y no hay indicios de que al menos uno de sus subproyectos sea ejecutado, pese a que el empresario chino y el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, prometieron que su construcción tomaría 5 años, a un costo de 50.000 millones de dólares.
El Acuerdo Marco incluso da un plazo de 24 horas adicionales por cada día de retraso hasta un máximo de 90 días, pero es poco probable que en ese tiempo HKND construya una vía húmeda de 275,5 kilómetros de longitud, 280 metros de ancho y 33 metros de profundidad, más dos puertos, un aeropuerto, un complejo turístico, un área de libre comercio y carreteras.
"Nos queda claro que el Gobierno pretendía utilizar como testaferro al chino, para despojarnos de nuestras propiedades y quedarse con nuestras tierras, algo a lo que nosotros nos opusimos", dijo Mairena.
Los campesinos del sur de Nicaragua se han opuesto a la ley creadora del canal desde su aprobación en junio de 2013, ya que ordena la expropiación de sus tierras sin derecho a apelación durante la concesión, que cede las tierras a HKND por 50 años más otros 50 prorrogables.
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Las protestas "anticanal", en medio del estallido sociopolítico contra Ortega en 2018, llevaron a prisión a algunos líderes campesinos, mientras que otros huyeron al exilio por amenazas de muerte.
El Gobierno acusó a Mairena y otros líderes campesinos del delito de terrorismo y de matar a 4 policías, y fueron condenados a más de 200 años de cárcel, en un país donde la pena máxima es de 30 años.
Mairena, quien recién salió de prisión tras 11 meses de encierro por una Ley de Amnistía, aseguró que todos los campesinos capturados fueron torturados en la cárcel, y reiteró que el día que los policías fueron asesinados cerca de la frontera con Costa Rica, él y otros líderes se encontraban en una protesta multitudinaria contra Ortega en Managua.
En 2013, el Gobierno anunció que Nicaragua tendría un canal interoceánico tres veces más grande que el de Panamá, que produciría 50.000 empleos, y que duplicaría el producto interno bruto (PIB) nacional, pero las obras hasta ahora no han iniciado.