Desisten de investigar al vicepresidente de Colombia por nexos con las FARC
- Manila
La decisión la adoptó la Unidad de Fiscales Delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al explicar que los investigadores desvirtuaran los testimonios que indicaban que Garzón se había reunido en 2002 con insurgentes del frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La versión preliminar la ofreció el desertor Diego Hernández Trejos, quien formó parte de ese frente, ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz, jurisdicción transicional para rebeldes y paramilitares que han dejado las armas en Colombia.
Según Hernández, Garzón se reunió el 19 de febrero de 2002 con mandos de las FARC en Dagua, población del departamento del Valle del Cauca (suroeste), del que el ahora vicepresidente fue gobernador entre 2003 y 2007.
Y agregó que en aquella reunión, los rebeldes le entregaron 160 millones de pesos (unos 89.922 dólares) para financiar su reelección como gobernador.
A cambio, Garzón asumió supuestamente el compromiso de facilitar el secuestro de los diputados regionales del Valle del Cauca, en alusión a la captura en 2003 de doce políticos, once de los cuales murieron en cautiverio a manos de las FARC.
Pero los fiscales establecieron que en aquella fecha Garzón era ministro de Trabajo en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), mientras que el día que, según el desertor, se produjo la reunión el ahora vicepresidente asistió en Bogotá a "actos y funciones propias de su cargo".
"De esta manera, la Fiscalía General de la Nación desvirtúa que el hoy vicepresidente de la República hubiera asistido a la citada reunión y menos que recibiera el dinero mencionado para los fines ya descritos", indica un comunicado del organismo, al adelantar que los desertores serán investigados por la falsedad de su testimonio.
Garzón es un exsindicalista que fue elegido para el cargo en las urnas como compañero de fórmula del presidente Juan Manuel Santos para el periodo 2010-2014.
En la actualidad, aspira a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cargo al que ha sido postulado por el propio Gobierno de Santos.
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