Ejecutivos de hidroeléctrica rechazan acusación por muerte de ambientalista

Dignatarios de Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), empresa hondureña responsable de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, proyecto que era adeversado por la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en 2016, rechazó hoy su responsabilidad en el crimen. "Agua Zarca está totalmente desvinculado a cualquier acto de violencia y el proyecto actúa en todo momento apegado a lo que establece la ley en Honduras", indicó la empresa en un comunicado. Señaló que prueba de ello es una reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que declaró "sin lugar una demanda de inconstitucionalidad" presentada por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas del país (Copinh) contra Agua Zarca. Vea También Ejecutivos envueltos en crimen de Berta Cáceres Un informe internacional presentado el martes en Tegucigalpa señala que el asesinato de Cáceres, perpetrado el 3 de marzo de 2016, fue ordenado por "altos ejecutivos" de DESA en alianza con fuerzas de seguridad del Estado. El crimen de Cáceres "fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia" de la ambientalista y miembros del Copinh, destaca el informe del Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE). DESA aseguró que el documento de GAIPE "contiene falsas y malintencionadas interpretaciones provenientes de ciertas conversaciones que han sido totalmente sacadas de contexto" para "desprestigiar un proyecto de desarrollo y generación de empleo que en todo momento respeta lo que establece la ley en Honduras". "Hacemos un llamado a efectuar una lectura enfocada en los hechos y no en las interpretaciones, mismas que sabemos son producto de un trabajo financiado por el Copinh", por lo que "los hechos incluidos en el reporte, confirman la total desvinculación de Agua Zarca con actos de violencia", añade. La empresa hondureña afirmó que el documento, según DESA, "financiado por (el) Copinh" establece "pruebas contundentes de la violencia con la cual actúa esta organización, donde se comprueba la existencia de invasiones y agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes cuentan con una fuente de empleo en la zona y sus familias, en una clara campaña en contra del desarrollo de los pueblos".  Destaca que Agua Zarca "actúa siempre apegado a la ley y a la institucionalidad", y afirma que el proyecto "jamás ha sido ampliado". "Agua Zarca siempre fue concebido como un proyecto que generaría capacidad y energía para venta a grandes consumidores privados", indicó DESA, que señaló que firmó, en fecha no precisada, un contrato "transparente" con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el que la estatal hondureña se comprometía "a comprar los excedentes de ventas hasta 14,4 MW (megavatios)". "De ahí, la diferencia no está contemplada en ningún contrato particular. Con esto, establecer que hubo una ampliación responde solamente a una campaña negativa en contra del proyecto", agrega. Hasta ahora hay ocho personas detenidas, entre quienes estarían los autores materiales del crimen, que aún no ha sido resuelto.  Agua Zarca lamentó "profundamente" que Sergio Rodríguez, ejecutivo de esa empresa, permanezca "injustamente privado de su libertad" e hizo un "llamado a la justicia y a la paz". DESA indicó que le llama la atención que en el informe no se incluyó "la propuesta de Agua Zarca de conformar una Mesa de Diálogo por la Paz", la cual, según el comunicado, fue presentada a los abogados de GAIPE en noviembre de 2016. "Si bien luego de la propuesta hecha por el proyecto hubo una negativa a esta iniciativa por parte de GAIPE, llama la atención que ni la palabra 'diálogo' ni el concepto de 'paz' están incluidos en el documento", apuntó.