El aprovechamiento político del caso Alan García, nuevo frente de Justicia en Perú
La investigación, que involucra a los últimos cuatro expresidentes peruanos, entre los que se encontraba García, tendrá esta semana, entre el 23 y 26 de abril, nuevos nombres y confesiones.
El luto por García ha reconfigurado además las filias del partido fujimorista Fuerza Popular, que tras haber pugnado el año pasado desde el Congreso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta lograr su renuncia, ahora se muestra indignado ante la reciente medida judicial de una prisión preventiva por 36 meses.
El suicidio del expresidente peruano Alan García, acusado de corrupción, se ha convertido en la principal justificación de diversos políticos para intentar desmontar la lucha anticorrupción de fiscales y jueces en el Perú, en una semana crucial para la investigación del caso Odebrecht.
La investigación, que involucra a los últimos cuatro expresidentes peruanos, entre los que se encontraba García, tendrá esta semana, entre el 23 y 26 de abril, nuevos nombres y confesiones de los pagos ilegales que la constructora brasileña hizo en Perú, cuando el exsuperintendente de Odebrecht en el país, Jorge Barata, responda en Brasil ante los fiscales peruanos.
Lo que Barata revele podría comprometer y ampliar la lista de investigados de la Fiscalía para el caso Lava Jato, algo que prefieren evitar algunos políticos que han reducido en los últimos días la labor fiscal a un "odio visceral", o a una "persecución fascista", tal como lo señaló el congresista Mauricio Mulder, del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideró García por más de 30 años.
El luto por García ha reconfigurado además las filias del partido fujimorista Fuerza Popular, que tras haber pugnado el año pasado desde el Congreso contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta lograr su renuncia, ahora se muestra indignado ante la reciente medida judicial de una prisión preventiva por 36 meses por presunta corrupción vinculada al caso Odebrecht.
El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, se mostró ante los medios locales "sorprendido e indignado" con la medida dictada contra Kuczynski.
Similar posición que su colega fujimorista Rosa Bartra, quien presidió una comisión investigadora que concluyó que existían evidencias de vínculos de Kuczynski con el caso Odebrecht, pero ahora consideró que no se justifica la prisión preventiva.
"Me preocupa, ¿ahora realmente existen los elementos de peligro procesal u obstrucción a la justicia que determinan una prisión preventiva? Yo creo que no", sostuvo.
La comisión del Congreso que investigó el caso Lava Jato en Perú determinó responsabilidad en los expresidentes Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, pero excluyó a Alan García y a la líder de su partido, Keiko Fujimori, quien cumple 36 meses de prisión preventiva mientras es investigada por presunto lavado de activos también por el caso Odebrecht.
Bartra dijo que "es necesario repensar qué es lo que está pasando con la prisión preventiva y detención preliminar" en su país y consideró que debe haber un sanción para los que resulten culpables por el caso Odebrecht, pero en "un debido proceso".
De diferente manera se han expresado representantes de la izquierda, como el congresista Marco Arana o la excandidata presidencial Verónika Mendoza, líder de la agrupación Nuevo Perú.
"La lucha contra la corrupción no debe detenerse. Lamentamos que el suicidio del señor García se dé cuando el Sistema de Justicia cercaba el entorno de corrupción que él habría logrado construir por décadas", señaló Arana en sus redes sociales.
Mendoza expresó, mediante un comunicado, que no se puede permitir la utilización política de una tragedia para "deslegitimar la lucha contra la corrupción".
La defensa de la labor de los fiscales y jueces peruanos también fue expresada por el escritor Mario Vargas Llosa, quien dijo que "sería trágico" que "en la comprensible emoción del suicidio de García" se sabotee la labor de la Judicatura.
El premio Nobel de Literatura de 2010 enfatizó que un grupo de fiscales y jueces peruanos "ha sorprendido al mundo por el coraje con el que han venido actuando para combatir la corrupción".
Barata deberá responder sobre las carpetas fiscales de investigación del caso del Metro 1 de Lima, referido a Alan García, y al exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú Miguel Atala.
Además, sobre el expresidente Alejandro Toledo, la construcción de la carretera Interoceánica tramo 2 y 3, y la campaña contra el pedido de revocación de la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, entre otros temas que agitarán aún más la ya intensa vida política peruana.