El Grupo de Lima amenazó el lunes con imponer nuevas sanciones a Venezuela con el fin de forzar la salida del presidente Nicolás Maduro pero reiteró que no promueve acciones militares.

Un par de horas antes del inicio de una reunión de los países del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para abordar el tema de Venezuela, y en medio de especulaciones de que se podría contemplar una intervención militar, 11 países latinoamericanos críticos del gobierno venezolano dijeron en un comunicado que estaban dispuestos “a adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela”.

La declaración lleva la firma de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y el gobierno de Juan Guaidó, a quien reconocen como presidente legítimo de Venezuela.

El documento condena lo que describe como “reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Nicolás Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas... para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país, mediante la realización de elecciones generales libres, justas y transparentes”. Rechaza asimismo “los crecientes vínculos del régimen de Maduro con grupos armados al margen de la ley y el amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”.

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Varios países de América aprovechan la Asamblea General de las Naciones Unidas para intensificar sus esfuerzos a favor de un cambio de gobierno en Venezuela y están invocando el TIAR con el argumento de que la crisis económica y social de ese país compromete la estabilidad regional. Millones de venezolanos han emigrado, mayormente a países de la región, y Colombia acusa a Maduro de apoyar a guerrilleros colombianos.

Una delegación enviada por Juan Guaidó, reconocido como presidente legítimo de Venezuela por medio centenar de países, se reunió con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien presentó hace poco un informe crítico de la situación en Venezuela.

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“Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted (Bachelet) presentó sobre Venezuela. No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”, expresó Julio Borges, quien encabeza la delegación.

Luego del gran paso que dimos ayer con el TIAR y el Grupo de Lima, hoy vamos a nuestra segunda jornada en la ONU.

Tendremos una reunión sobre migración venezolana, un encuentro con Europa para aumentar la presión y en la noche conversaremos con el presidente @realDonaldTrump. pic.twitter.com/ToK86MG8Hx

— Julio Borges (@JulioBorges) September 24, 2019

En su informe Bachelet se mostró “sumamente preocupada por la magnitud y la gravedad de la repercusión de la crisis actual sobre los derechos humanos, que constituye además un inquietante factor de desestabilización regional”.

“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos”, afirmó la expresidenta chilena.

Elliot Abrams, representante del gobierno estadounidense para Venezuela, dijo que “se necesita más presión y más sanciones” al gobierno de Maduro, sin mencionar la opción militar.

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“Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted (Bachelet) presentó sobre Venezuela. No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados”, expresó Julio Borges, quien encabeza la delegación.