La Justicia argentina condena por corrupción al exvicepresidente de Cristina Fernández

La Justicia argentina condenó al que fue vicepresidente durante el Gobierno de Cristina Fernández, Amado Boudou (2011-2015), a cinco años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.

Boudou se convirtió así en el primer exvicepresidente preso de la historia de Argentina.

La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini, que ordenó su detención inmediata y estableció una multa de 90,000 pesos (unos $3,200) y la "inhabilitación especial perpetua" para cargos públicos.

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Durante sus alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos y denunció ser víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país.

"Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes", alegó el excompañero de fórmula de Fernández (2007-2015).

Asimismo, denunció que, desde que comenzó el juicio en octubre de 2017, "la carga de la prueba estuvo invertida", ya que "había que probar que uno no conocía a alguien, que uno no estuvo en reuniones, algo que es materialmente casi imposible y sin embargo se pudo hacer".

Tras las últimas palabras del que fuera ministro de Economía entre 2009 y 2011, su defensa intentó suspender el veredicto al argumentar que Bertuzzi no podía intervenir en el proceso por su supuesta parcialidad y por haber sido candidato del Gobierno a ocupar un cargo clave en la Cámara Federal, una petición que el tribunal rechazó.

Horas después de la lectura del veredicto, se dispuso el traslado del exvicepresidente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, ubicado en la provincia de Buenos Aires.

La investigación judicial apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro, con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.

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A mediados de 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.

De acuerdo con el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70% de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración pública.

La Justicia acusó al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado.

Durante su veredicto, los magistrados también impusieron una pena de 5 años y medio de cárcel para Núñez Carmona por considerarlo "partícipe necesario" de esos delitos; y una de 4 años y medio para Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, como "autor penalmente responsable" de cohecho activo.

También ordenaron la prisión preventiva para ambos, aunque, en el caso del segundo, bajo la modalidad de domiciliaria.

Además, el tribunal estableció una pena de tres años de cárcel para Rafael Resnick Brenner, por entonces jefe de asesores del Fisco, y una de dos años y medio para Guido Forcieri, entonces jefe del gabinete de asesores en el Ministerio de Economía, ambas también en suspenso.

Amado Boudou está procesado además por, entre otros delitos, presunto enriquecimiento ilícito mediante lavado dinero y por esa causa estuvo dos meses en prisión preventiva a finales de 2017.