Los excarcelados por Nicolás Maduro viven la libertad en ascuas

Algunos de los más de 40 excarcelados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro durante la víspera y el día de Navidad se quedaron en ascuas y a la espera de conocer las condiciones de su libertad, luego de encontrar cerrados los tribunales que llevan sus causas.

Una de las liberadas el sábado pasado que no encontró al juez fue la hispano-venezolana Andrea González, que llevaba 2 años y 4 meses detenida junto a su amiga Betty Grossi acusada de querer matar a la hija del dirigente chavista Diosdado Cabello.

González y Grossi acudieron al Palacio de Justicia de Caracas acompañadas por su abogado, Joel García.

Según confirmó García, sus clientes no han recibido ninguna novedad, y "los tribunales no van a despachar hasta el 8 de enero".

En la misma situación está el ingeniero Juan Miguel de Sousa, que también está representado por García y lleva en prisión desde enero de 2015 acusado de "terrorismo" y "asociación para delinquir" y salió con González y Grossi de la sede caraqueña del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) de El Helicoide.

Otro de los liberados que pasará las fiestas sin saber sus condiciones de libertad es el dirigente estudiantil Jhosman Paredes, preso desde 2014 que se quejó de que los tribunales no estén trabajando.

La parálisis de procesos judiciales se debe a que los tribunales no se encuentran operativos, este es un fenómeno habitual en Venezuela, una situación que los abogados defensores de los derechos humanos ven como una forma de alargar los procesos y evitar así liberar a quienes consideran "presos políticos" por falta de pruebas.

Piden liberación

El presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Antonio Colina, pidió al Gobierno de su país que libere a los cientos de presos que considera "políticos" que todavía permanecen encarcelados y no solo a unas 40 personas.

En declaraciones, Colina calificó de "maniobra" la decisión del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liberar a un número reducido de “rehenes” para obtener a cambio “beneficios políticos”, aunque, desde el punto de vista humanitario, se congratuló de que estas personas puedan salir de la cárcel.

Por ello, consideró que poner en libertad a estas “fichas de canje”.

La abogada Ana Leonor Acosta y defensora de uno de los liberados el fin de semana explicó que en el actual sistema que se maneja en Venezuela "el Gobierno da la orden" de las liberaciones y después los excarcelados tienen que irse "a presentar al tribunal para conocer cuáles son las medidas" que les dieron.

Acosta es defensora del exalcalde opositor Alfredo Ramos, de 62 años y con problemas de hipertensión, quien fue detenido en julio por no levantar de las calles del municipio Iribarren (en Barquisimeto, en el oeste del país) las barricadas erigidas durante las protestas antigubernamentales de este año.

A diferencia de otros excarcelados, a Ramos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ya le ha ordenado que se presente cada 30 días ante una instancia judicial de Barquisimeto como medida sustitutiva de la privación de libertad.

Entretanto al asesor electoral de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) Roberto Picón, que también fue uno de los beneficiados en la ola de excarcelaciones y que llevaba el mismo tiempo que Ramos en prisión, se le ha puesto un dispositivo electrónico de geolocalización una vez trasladado a su domicilio.

La primera ronda de liberaciones fue decidida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurada por el chavismo en Venezuela, que anunció que se aplicarán otras medidas sustitutivas de cárcel.