Nicaragua se vio este jueves semiparalizada por un nuevo paro nacional, el quinto contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega desde que se inició en abril del año pasado la crisis sociopolítica y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y miles en el exilio.

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A las 00:00 horas de este jueves inició el cuarto paro nacional convocado por la Alianza Cívica, con el respaldo de los diferentes sectores del país como forma de protesta para exigir que el régimen de Daniel Ortega libere a todos los presos. https://t.co/crJlqlsPD8— LA PRENSA Nicaragua (@laprensa) 24 de mayo de 2019

La huelga general, de 24 horas y convocada por la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en una mesa de negociación, se realizó en medio de amenazas del Ejecutivo de sancionar a los negocios que se sumaran a la misma y de una alerta amarilla en los departamentos del Pacífico y una verde en la región Central por las lluvias.

La huelga, que se llevó a cabo bajo el lema "Vamos a paro por la libertad de todos" los denominados "presos políticos", estuvo apoyado por los negocios afiliados al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), principales cúpulas patronales del país.

También por pequeños y medianos negocios, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, partidos políticos, un gran número de activistas y trabajadores por cuenta propia.

Entre las empresas que sí abrieron sus puertas están los bancos, que en un comunicado explicaron que lo hicieron por una orden de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), regulador del sector.

La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), que aglutina a los seis entidades financieras que operan en el país, dijo que la Siboif les ordenó abrir porque tenían la obligación de prestar ininterrumpidamente los servicios de intermediación financiera y otros servicios con recursos públicos.

Otros negocios que abrieron reportaron escasa clientela y bajas ventas.

Propietarios de pequeñas y medianas empresas, que se sumaron al paro, denunciaron que sus negocios eran fotografiados por agentes de la Policía Nacional o simpatizantes del Gobierno, y temen se tomen represalias.

En la víspera, el Gobierno emitió advertencias de sanciones a las empresas que se sumaran al paro nacional, en el que se reclama por la libertad de los "presos políticos" y el respeto de los derechos humanos.

Durante la jornada, el cierre de establecimientos fue notorio, aunque no total.

Los principales centros de comerciales de Managua no abrieron sus puertas, mientras en los mercados populares como el "Oriental" o el "Roberto Huembes" se abrieron algunas tiendas, aunque la afluencia de compradores era escasa.

En las avenidas de Managua circularon principalmente autobuses y taxis, con pocos pasajeros, y en menor proporción vehículos particulares, según constató Acan-Efe, que no observó ningún atasco.

Las terminales de autobuses que van para los departamentos (provincias) también se notaron vacías.

Una situación similar se vivió en el resto de ciudades donde el paro fue sensible, con la diferencia de que sus mercados mostraron más presencia de comerciantes, no así de compradores.

El paro nacional de este jueves, por 24 horas, fue llamado por la opositora Alianza Cívica luego de que un "preso político" murió en una cárcel al recibir un disparo de un custodio en circunstancias no claras.

Este es el quinto paro nacional de los nicaragüenses contra el Gobierno de Ortega en 13 meses, de los cuales 4 consistieron en la suspensión de toda actividad económica y social, y uno fue como huelga de consumo.

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Sectores políticos de la oposición calificaron como "necesario y oportuno" el paro nacional contra el Gobierno para que cumpla con la liberación de presos, y respete los derechos y garantías ciudadanas.

También para mostrar a la comunidad internacional que la sociedad nicaragüense no está paralizada, y mantiene el espíritu de lucha.

Nicaragua enfrenta su peor crisis en décadas que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado.

Otros organismos locales cifran en 593 los fallecidos, mientras que el Gobierno de Ortega reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.