Alcaldes y concejales saldrían por la 'puerta ancha' con veto parcial

El veto parcial al proyecto de ley 890 mediante el cual, alcaldes y representantes que trabajan en el sector público podrían escoger el mejor salario, ha provocado un sinsabor en los críticos de estos beneficios, ya que deja en manos de la Asamblea Nacional la última palabra sobre esta polémica.

"Para mí el veto ha sido una toalla que se le tiró a los diputados pues corregirán la forma y lograrán el cometido, juega vivo. Triste esto", expresó el abogado Ernesto Cedeño.

Al revisar el informe del Ejecutivo, Cedeño advierte que si la Asamblea corrige los errores de forma, como eliminar el término licencia sin sueldo cuando se cobraría por un trabajo que aunque no sea realizado se cobra, el proyecto podría ser pasado sin mayores objeciones.

"La esencia del veto debería ser que no puedes cobrar un sueldo por una función que no se realiza", dejó en claro Cedeño, algo que no precisa el veto al proyecto.

El proyecto 890 contiene seis artículos, pero su contenido solo lo desarrolla los dos primeros, los cuales fueron los objetados por el presidente Laurentino Cortizo al considerarlos inconvenientes.

Otro punto que Cedeño no comparte es lo relacionado a la jornada simultánea, en el cual también se deja una ventana abierta.

Y es este asunto, el que alcaldes y representantes, en conjunto con diputados han querido abarcarlo, al presentar el presidente de la comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea, Javier Sucre, un anteproyecto que regula las jornadas simultáneas de trabajo para estas autoridades electas.

El anteproyecto espera su prohijamiento en la próxima legislatura, que inicia en enero de 2023.

El veto también hace referencia al limbo jurídico en que quedarían aquellos alcaldes y representantes que laboran en la empresa privada.

En su momento, Sucre afirmó que ellos no podían meterse en ese campo, sin embargo, en el anteproyecto 099 se menciona que en estos casos podrán acogerse a una licencia y que una vez culminen sus periodos se reintegrarán sin que se desmejoren sus condiciones laborales.

Esto también implica que el tiempo de licencia les sea reconocido para vacaciones, jubilación, sobresueldos u otros beneficios laborales.

En tanto, el abogado Roberto Ruiz Díaz, quien fue el que demandó las licencias con sueldo que ostentaban estas autoridades electas, manifestó que la posición del Ejecutivo es coherente con el fallo de la Corte Suprema.

"Aunque queda la opción de pasarlo por insistencia por la Asamblea y termine el tema en la Corte, para estudio sobre la exequibilidad o constitucionalidad", fue la salvedad que mencionó Ruiz Díaz.