Canal y Política Exterior (1903-1977)

La ubicación geográfica y la condición geológica de Panamá han constituido, desde el siglo XV, factores de importancia en la diplomacia y las relaciones internacionales de España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Colombia y Panamá. El Istmo de Panamá fue vital para la edificación del imperio español en América y a nivel planetario, de igual modo que la construcción del ferrocarril interoceánico en Panamá (1855) contribuyó de manera destacada al desarrollo de las comunicaciones entre el Este y el Oeste de Estados Unidos tras el despojo de vastos territorios de México entre 1846 y 1848 y el descubrimiento del Oro.
Las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra, en cuanto a Centroamérica y el Caribe, giraron, durante la segunda mitad del XIX, en torno a la futura construcción de un canal interoceánico, y de ello dan evidencia el Tratado Clayton-Bulwer de 1850 y las negociaciones para reemplazarlo que culminaron en 1901, con la firma del segundo Tratado Hay-Pauncefote, que fue pieza importante de la colaboración diplomática entre ambas potencias a nivel mundial.
Para Colombia, también el istmo de Panamá ha sido pieza clave de su política exterior, y así lo atestiguan tanto los contratos del Ferrocarril como el Tratado Salgar-Wyse que, en 1846 y 1873, apuntaban a una explotación de nuestra posición estratégica. Pero los franceses fracasaron en la construcción del Canal, y este hecho, aunado a la conversión de Estados Unidos en una potencia marítima al adquirir territorios en ultramar durante todo el siglo XIX en casi todos los continentes y, en particular, tras el despojo de España por parte de Estados Unidos hace 100 años, de Cuba, Puerto Rico, Guam y las Filipinas, aceleró los trámites para abrir un canal en Centroamérica.
Para Estados Unidos, un Canal construido y controlado para satisfacer exclusivamente sus intereses estratégicos fue el objetivo central de la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903, y ello queda demostrado en el hecho de que el Tratado Hay-Bunau Varilla fue suscrito apenas quince días después de manera fraudulenta y traicionera por el francés pero aceptado, también ilegalmente, por la Junta Provisional de Gobierno quince días después en una caricatura de ratificación.
Mediante dicho convenio, la independencia de Panamá quedó garantizada por Estados Unidos, que obtuvo derechos para intervenir en las ciudades de Panamá y Colón con el fin de mantener el orden público. Vale la pena recordar que la potestad de intervenir en cualquier punto de la República no fue aprobado en este Tratado sino en el Artículo 136 de la Constitución de 1904 que fue propuesto y defendido ignominiosamente por el entonces diputado Manuel Amador Guerrero en la Constituyente de ese año, quien (supongo que como premio por sus servicios) se convirtió en el primer Presidente de la República de Panamá.
La mutilación de la soberanía real, sufrida por la República de Panamá, explica que -como verdadero protectorado- Panamá no tuviera propiamente una política exterior sino la facultad de mantener relaciones internacionales solo en la medida que éstas no afectaran los intereses vitales de Estados Unidos en Panamá. La carencia de independencia para formular una política exterior propia ha sido tan devastadora, que a lo largo de todo el siglo XX hasta el 31 de diciembre del año 2000, Panamá no se ha atrevido ni se atreverá a establecer relaciones diplomáticas con países considerados enemigos de Estados Unidos (salvo Cuba y Libia), como lo fueron la Unión Soviética, la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, Vietnam Socialista (antes de la caída del desmoronamiento del socialismo real). Nos unimos al bloqueo ilegal a Libia y le declaramos la guerra a Irak.
Abrimos relaciones con la Federación Rusa después que dejaron de ser la Unión Soviética. Todavía no nos atrevemos a honrar nuestras obligaciones internacionales con el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con la República Popular China, pese a que Estados Unidos las mantiene con esta potencia, por dos razones fundamentales: la primera, porque se ha seguido una política vergonzosa, aprovechadora, pordiosera, oportunista y vendepatria con Taiwán; y la segunda, por el temor a la reacción de la ultraderecha republicana en Estados Unidos.
Lo acaba de declarar el excanciller Jorge Eduardo Ritter, al aconsejar a la nueva mandataria mantener el actual status quo con China y Taiwán tan solo porque Taiwán tiene más plata que repartir que China Popular- ¡los pobrecitos no saben qué hacer con más de 50 mil millones de dólares!-y porque, entre lo treinta países que reconoce a Taiwán, Panamá es el que más beneficio puede sacar y porque es menor el número de Estados entre los que Taiwán tiene que repartir. A esto lo llaman "defender los intereses nacionales".
En pocas palabras, la política exterior panameña se prostituye abiertamente y se ofrece al mejor postor. ¿Dónde están los principios de Derecho Internacional que debemos respetar? ¿Dónde queda la defensa de los intereses panameños y la dignidad de la nación panameña? ¿Cuáles son los "principios rectores" de nuestra política exterior?
La política exterior panameña, hasta 1936, se resignó a esperar la justicia de Estados Unidos, que vino a cuentagotas, y a revisar parcialmente el Tratado Hay-Bunau Varilla. Pese a la eliminación de la garantía de la independencia y la facultad de intervenir en las ciudades terminales, con el Tratado Arias-Roosevelt, y de reformas cosméticas en 1955, se mantuvo intacta la estructura del colonial tratado de 1903.
Aún a pesar del apoyo internacional generado luego de la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Panamá, en marzo de 1973, Panamá no se atrevió a abrir relaciones con la Unión Soviética, con la China Popular o con la República Popular de Corea, aunque sí se establecieron con países de menor peso político como Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, etc.
Las relaciones bilaterales de dominación y dependencia entre Panamá y Estados Unidos conforman el núcleo preponderante y abrumador de la llamada política exterior de Panamá, y ello, no solamente por imposiciones de dicha potencia sino también por voluntad propia de la clase dominante.