Delación premiada es parte de la injerencia del Ejecutivo en el MP

La celeridad con que fue publicada y promulgada en Gaceta Oficial la Ley 4 de 17 de febrero del 2017, que hace alusión a la delación premiada, confirma el control que ejerce el Órgano Ejecutivo en otras instituciones y las motivaciones de llevar a cabo la persecución política en el Ministerio Público (MP).

Así coincidieron diversos sectores, quienes lamentaron la intención de proteger, a través de acuerdos, a empresarios de la constructora Odebrecht, así como a allegados del Gobierno, implicados en el caso de pago de sobornos, y efectuar procesos políticos contra los opositores del Gobierno.

El polémico proyecto de ley 245 pasó a llamarse Ley 4, tras su sanción por el presidente Juan Carlos Varela, y ha despertado fuertes cuestionamientos porque paralizó a la Asamblea Nacional por un mes y, en menos de una semana, recibió el aval del Ejecutivo.

Los diputados aprobaron a golpe de curul la norma y excusaron que su motivación de detenerse a lo largo de dos semanas en el debate del proyecto que creó la ley sobre delación premiada fue la recomendación del Ministerio Público de modificarla para llegar a acuerdos.

En este sentido, la presidenta encargada del partido Cambio Democrático, Alma Cortés, lamentó que dicha ley fuera hecha para blindar a políticos y empresarios allegados al Gobierno y que pudieran estar ligados a irregularidades en el megaescándalo de Odebrecht.

En este sentido, el abogado Ernesto Cedeño planteó que ya la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, adelantó las intenciones del Ministerio Público de llegar a acuerdos con la empresa Odebrecht para devolverle al Estado 59 millones de dólares.

"Revivió un proyecto de ley del 2015, con presión del Ministerio Público, de manera rápida si tomamos en cuenta el tiempo que se demoró la discusión en la Asamblea", detalló.'

El proyecto 245 provocó posiciones encontradas en la Asamblea y sesiones hasta altas horas de la noche, sin embargo, la aprobación en tercer debate se dio a golpe de curul.

La Ley 4 de 17 de febrero de 2017 busca "reformar el Código Judicial, el Código Penal y el Código Procesal Penal, sobre medidas que eviten el hacinamiento en centros penitenciarios y dicta otras disposiciones".

Abogados independientes ya han advertido que la demandarán por inconstitucional.

Entre los miembros de oposición existe preocupación sobre el mal manejo que den las autoridades a la Ley 4.

Agregó que ya existe una ley similar a esta, el Código Procesal Penal, que ya se demandó por inconstitucional, por lo que el lunes procederá a demandarla.

"A mi juicio, lesiona lo consagrado en la Carta Magna, o normas jurídicas de superior jerarquía, porque si bien es cierto los acuerdos de pena son favorables, y en alguna manera contribuyen a llegar a la verdad, el hecho de que una persona acusada por acciones ilícitas pueda privarse de su causa es bien delicado, y por eso la demanda debe prosperar en la Corte Suprema de Justicia", detalló el jurista.

A su vez, el exfiscal Neftalí Jaén planteó que si el expresidente Ricardo Martinelli "hubiese aprobado la ley para proteger a los sapos, ¿cómo hubiesen sido los gritos, las protestas, los disturbios y los paneles de televisión?".

Para la diputada perredista Zulay Rodríguez, "la ley de impunidad premiada ya es una realidad", y con ello, "ahora este gobierno podrá tapar el escándalo de coimas de Odebrecht".