Estado inhabilita a 229 empresas para optar por contratos públicos en Panamá
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Con la pandemia del COVID-19, existe temor de que un sinnúmero de empresas no puedan cumplir sus compromisos con las diferentes instituciones que las han contratado para trabajar por todo el país.
El Miviot está retomando varios proyectos paralizados por la pandemia de COVID-19 en diferentes puntos del país. Foto ilustrativa
En el portal de Panama Compra hay 229 empresas inhabilitadas para contratar con el Estado en sus diferentes modalidades, sancionadas por diversas causas.
Las sanciones son abarcadoras y algunas representan la inhabilitación de hasta cinco años para hacer negocios con el Estado.
La institución más afectada por el incumplimiento de las empresas contratistas es el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), los ministerios de Educación, Vivienda y Salud, así como la Caja de Seguro Social.
La Ley de Contrataciones Públicas establece siete causales para la inhabilitación de empresas en Panamá, básicamente por incumplimiento de contrato y por la existencia de una condena en firme que involucre la inhabilitación para ejecer funciones públicas.
Otras causales son que la empresa haya sido declarada insolvente, con evidente incapacidad para cumplir con las obligaciones pactadas con el Estado o que haya presentado información falsa para sacar ventaja en su competencia por el contrato.
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La mayoría de las empresas inhabilitadas se dedican a la construcción, pero existen también otras que prestan diferentes servicios.'
Una de las principales causas de inhabilitación de empresas es el incumplimiento por falta de liquidez, situación que se vería agravada ahora por la crisis económica mundial.
Una considerable parte de los contratos resueltos de forma administrativa provienen de la gestión del expresidente Juan Carlos Varela y las empresas pretenden que sea la aseguradora la que se haga cargo de la ejecución de los proyectos.
En la administración Varela se denunció que se contrataron empresas que no tenían capacidad económica ni técnica para desarrollar los proyectos que se le asignaron.
Las inhabilitaciones van desde meses hasta cinco años, dependiendo de la gravedad de las faltas y del monto de los contratos incumplidos.
Otras empresas se comprometieron inicialmente a suministrar los materiales de construcción, la maquinaria, herramientas, accesorio y transporte, pero posteriormente no cumplieron.
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También varios de los contratistas han enfrentado huelgas de trabajadores por incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones y por falta de materiales de construcción por el no pago y carencia de flujo de caja.
El retraso de las obras y el incumplimiento de los planos y especificaciones técnicas son otras de irregularidades más frecuentes con estos contratistas.
Los proyectos perjudicados por el incumplimiento de estas empresas están ubicados a largo del país.
Recientemente, el presidente Laurentino Cortizo sancionó las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, luego de vetar ocho artículos por la polémica generada por el tema de inhabilitación de empresas, pero por escándalos de corrupción.
Las resoluciones que inhabilitan a las empresas para contratar con el Estado son remitidas a la Dirección General de Contrataciones Públicas para que esta sea la garante de que las mismas no puedan participar en nuevos procesos y actos públicos con el Estado mientras dure su sanción.
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