Exjuez Garzón exhorta transparencia en tema del canal de Panamá

El exjuez español Baltazar Garzón exhortó hoy a un manejo transparente en las negociaciones que realizan el Canal de Panamá y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), para que se conozcan los problemas que realmente existen para culminar el proyecto de ampliación de la vía interoceánica. "Los arreglos y pagos fuera de contratos deben estar previstos en el contrato, de modo que siempre cabe un arbitraje (o) una mediación, pero sobre todo lo que pediría es que haya transparencia para que todo el mundo sepa lo que hay", señaló Garzón a periodistas tras una reunión con el candidato presidencial panameño del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro. El Canal de Panamá y GUPC negocian una salida al conflicto contractual que los enfrenta desde diciembre pasado y que amenaza con paralizar la obra, que tiene en su totalidad casi un 70 % de avance. El GUPC, liderado por la española Sacyr y la italiana Impregilo, reclama más de 1.600 millones de dólares en "sobrecostes" que los han dejado sin liquidez para continuar con la construcción del tercer juego de esclusas del Canal. Garzón dijo que en la reunión se habló sobre las iniciativas que llevará adelante Navarro en materia de democracia, justicia, transparencia y corrupción. En ese sentido, sostuvo que la base de una democracia es que exista total independencia entre los órganos judicial, legislativo y ejecutivo, y que la misma podría verse en peligro si alguno de estos poderes interfiriera en algún otro. Precisó que los tres poderes tienen que trabajar en conjunto para hacer un Estado fuerte, pero cada uno de ellos tiene una función independiente, que permite garantizar un Estado de derecho. Indicó que también es importante la participación de los ciudadanos, los cuales "afortunadamente ya no solo se conforman con asistir a votar (...) sino que piden transparencia, participación y que los políticos cumplan sus promesas". El jurista español cobró notoriedad internacional al exigir y obtener del Reino Unido en 1998 la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet y tratar de juzgarlo en España bajo el principio de justicia universal, aunque el Gobierno británico optó por enviarlo a Chile. También abrió causas contra un centenar de militares y civiles por crímenes cometidos en la dictadura argentina (1976-1983) aunque en muchos casos no pudo enjuiciarlos porque no fueron entregados por las autoridades locales.