Extranjeros podrán optar por el Bono Solidario de vivienda
El Estado destinará $10 mil para familias que tengan ingresos formales o informales que no superen los $2 mil mensuales en su cuadro familiar para la compra de viviendas de interés social.
El déficit habitacional y las erogaciones que eso le representa al Estado son un problema fiscal.
Los extranjeros con residencia formal en Panamá podrán aplicar al Fondo Solidario de Vivienda, recién creado por el Estado, siempre y cuando en su cuadro familiar haya una persona de nacionalidad panameña.
El Gobierno creó el Fondo con el fin de entregar un aporte de $10 mil para familias de bajos ingresos que deseen adquirir una vivienda de interés social que no sobrepase los $70 mil de costo.
Se estima que el déficit habitacional en Panamá ronda las 200 mil unidades, pese a que todos los años el Gobierno y el sector privado entregan unas 15 mil soluciones habitacionales.
Con la pandemia de COVID-19 y la contracción de la economía nacional antes de esta crisis sanitaria, la situación habitacional del país se ha tornado más compleja, con personas sin capacidad para comprar una vivienda y otras que son lanzadas de las que alquilaban.
Esta ayuda estatal aplicará para las áreas denominadas Residencial Bono Solidario (RBS), y busca incentivar la construcción de viviendas de interés social en todo el país.
El monto de $70 mil como tope que estableció el Gobierno incluye la edificación de cada vivienda más el costo del lote, sin contar los gastos legales.
Y los cuadros familiares que podrán optar por el RBS no pueden tener ingresos mensuales ordinarios mayores a $2 mil. Los cuadros familiares incluirán los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y primero de afinidad.
Quienes deseen aplicar para el RBS tendrán que presentar una declaración jurada de sus bienes e ingresos, ser panameños mayores de edad o emancipados, ser extranjeros con residencia formal, siempre que en su cuadro familiar haya un panameño, no ser propietario de una vivienda y presentar la aprobación de su préstamo hipotecario.
Mientras que los promotores deberán presentar una declaración jurada sobre el valor de las construcciones, su compromiso de que acatará las especificaciones técnicas del RBS, que no se aumentará el costo de venta al público y cumplir con las normas mínimas para la construcción de unidades habitacionales de interés social.
Y a los promotores y beneficiarios que incumplan con las normas exigidas por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se les retirará el beneficio del Fondo Solidario de Vivienda.
El Miviot deberá establecer los requisitos mínimos para la construcción de estas viviendas, hacer un listado de los proyectos aprobados y supervisarlos para que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el RBS.
Los fondos para cumplir con este plan social serán depositados todos los años por el Ministerio de Economía y Finanzas en el presupuesto del Miviot.
El Gobierno, a través del Miviot, inició el año pasado un plan de agilización y fomento de la construcción de viviendas a nivel nacional por parte de la empresa privada, con la desburocratización de los requisitos públicos y el subsidio estatal, pero la pandemia complicó esta iniciativa.