Falsificación de timbres deja pérdida millonaria al Estado

El Estado perdió más de 15 millones de dólares anuales en recaudaciones al fisco por la falsificación de los timbres fiscales, situación que obligó al Gobierno a retirarlos de circulación y recurrir a máquinas franqueadoras para estamparlos.

El director general de Ingresos, Luis Cucalón, reveló que los timbres adulterados provenían de Colombia, República Dominicana y, en última instancia, se detectaron imprentas en Panamá produciéndolos, los cuales eran vendidos masivamente por personas frente a instituciones como el Registro Civil, la Alcaldía y otras.

El viceministro de Finanzas, Mahesh C. Khemlani, afirmó que por el momento no se ha pensado en interponer denuncias por este hecho, aunque la decisión se analiza en la Dirección General de Ingresos (DGI), agregando que lo que se hizo de inmediato fue cortar el mal en su raíz, eliminando las estampillas.

Aseguró que con el uso de las máquinas no habrá falsificación porque los proveedores de estos equipos son limitados, por lo que esperan recuperar los ingresos dejados de percibir por este delito.

Ayer, se aprobó en primer debate, en la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, una reforma al Artículo 946 del Código Fiscal, para reglamentar el uso de las máquinas franqueadoras que sustituirán los timbres.

Según la norma, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la DGI, autorizará y supervisará a las empresas operadoras de los equipos, así como a las entidades del Estado que, previa autorización, adopten el sistema de recaudación del Impuesto de Timbre, las cuales percibirán una comisión o descuento del 5% sobre el monto de lo franqueado.

Cucalón explicó que lo que se hace es que a las instituciones públicas que quieran cobrar el impuesto se les reconozca este porcentaje, que es el mismo que se le otorga a las empresas proveedoras.

Otras normas fiscales fueron aprobadas ayer en primer debate que, según el viceministro de Finanzas, se necesitan para el ordenamiento de los impuestos.

Una de estas es el traspaso de bienes de uso público como calles, aceras y otras estructuras que, según la legislación del Ministerio de Obras Públicas, no podían ser transferidos al fisco con menos de tres años de ser utilizadas, lo que generaba una deuda ficticia.

Por medio de este artículo que se agrega al Código Fiscal se autoriza al director de la DGI condonar ese impuesto ficticio que se sumaba a la deuda pública.

Por otro lado, se extendió el congelamiento de los precios de la gasolina de 91 octanos en $3.99 y el diésel liviano, en $3.80 hasta el 31 de diciembre de este año y se extendió la vigencia de los Certificados de Bonos Tributarios, utilizados por los exportadores panameños, hasta mayo del año 2013.

Además, se unificó la tasa de inscripción de las sociedades anónimas a 300 dólares, mientras que la de las fundaciones de interés privado se fijó en 350 dólares en el primer año y en 400 dólares los subsiguientes para mantener la plena vigencia de estas organizaciones.

Khemlani manifestó que en concepto de la inscripción de las sociedades anónimas se espera recaudar un millón y medio adicionales, mientras que por las fundaciones sería 4.6 millones de dólares.

Todos estos artículos fueron incorporados en el proyecto 421, que inicialmente solo establecía ampliar la cobertura de los intereses preferenciales para adquirir viviendas.